En pocas horas vinieron las primeras respuestas. A la afirmación del presidente López Obrador respecto del ejercicio de la abogacía –en el contexto del proceso legislativo para reformar la ley de la Industria Eléctrica- siguieron respuestas, en su mayoría contestatarias, a la expresión presidencial.
Fueron pocas, pero de las más destacadas voces de la abogacía mexicana, quienes en redes sociales reaccionaron de inmediato ante aquella temprana sugerencia de calificar como una traición a la patria la defensa de empresas extranjeras opositoras al cambio de ese régimen jurídico.
Por el medio utilizado la argumentación fue breve pero en todos los casos de contundente rechazo. Desde el ámbito académico: Miguel Carbonell, César Astudillo y Juan Jesús Garza Onofre, de la UNAM; José Roldán Xopa y Javier Aparicio, del CIDE; Ignacio Ramírez, de la Escuela Libre de Derecho y, José Ramón Cossío, de El Colegio Nacional. De la colegiación profesional Óscar Cruz Barney, Rafael Martínez Moreno, Alfonso Pérez-Cuellar, ex presidentes, y Arturo Pueblita presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, INCAM; José Mario de la Garza, ex presidente, y Claudia de Buen, vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados,
También se manifestó el Capítulo noreste del INCAM, con sede en Monterrey y, hacia el final del día, el Consejo General de la Abogacía Mexicana publicó su posicionamiento en el que subraya que nuestra profesión asume el encargo del ejercicio del derecho de defensa de los gobernados, garantizado constitucionalmente sin distinción de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.
Hago dos consideraciones de previo y especial pronunciamiento, como decimos procesalmente. Una: estamos frente a la manifestación del gobernante, por tanto su carácter es eminentemente política y con una carga ideológica que merece respeto como toda expresión, más por su categoría institucional.
Otra: el lenguaje del mandatario no necesariamente es jurídico, por tanto no lo llevemos al terreno técnico de nuestra materia. Entendámoslo en el contexto sin magnificarlo; podemos caer en la confrontación estéril, en la descalificación que se diluye con mayor facilidad. Al oportuno extrañamiento debe seguir el convencimiento con argumentos de toda naturaleza, los legales por supuesto.
Después del episodio, y para no entramparnos en lo anecdótico de pronto olvido, generemos una discusión inteligente, desde todos los ámbitos del ejercicio profesional, traigamos a nuestra mesa las experiencias de otros países, los democráticos y los autoritarios; recordemos esos trágicos capítulos de la abogacía agredida, el de las y los abogados de Atocha en Madrid, por ejemplo, o el de tantos colegas defendidos por la Union Internacionale des Avocats, UIA, y por la International Bar Association, IBA, de la persecución por gobiernos de países asiáticos y africanos.
Hablemos de ética, de retribuciones a la presentación legal, de la abogacía al servicio del Estado, de la defensora de la delincuencia organizada, de la militante partidaria y de la confesional; ocupémonos de la defensa pública, de la colegiación obligatoria, de aquella abogacía dedicada a la judicatura y el ministerio público, ahora en alto riesgo; de la defensa de la defensa, en fin, hablemos y debatamos de los derechos y obligaciones de quienes escogimos por forma de subsistencia el ejercicio del derecho y lo hacemos en el litigio privado, la política, la docencia, la investigación, las administraciones públicas y el trabajo parlamentario.
Es también acicate para reconocer debilidades que nos persiguen y desacreditan. Siempre conviene vernos al espejo.
Comparto el enfado al tiempo que advierto la gran oportunidad gremial, individual y desde la colegiación, de debatir frente al poder y la nación la trascendencia de nuestro trabajo profesional y las imprescindibles condiciones para desarrollarlo en libertad, como en cualquier Estado democrático de derecho; con una mirada amplia, sin quedar atrapado en la coyuntura, esto es, observando el bosque y no al árbol.
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