La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la carpeta de investigación del feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, informó este jueves el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Mejía Berdeja, señaló que la atracción de las investigaciones se hizo a solicitud de los padres de Debanhi, desaparecida desde el 9 de abril y hallada muerta en la cisterna de un motel de Escobedo, Nuevo León.
Al presentar el reporte semanal “Cero impunidad”, el funcionario señaló que “como lo ha instruido el presidente, vamos a estar coadyuvando todas las instancias del gobierno de México para que se resuelva este caso”.
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Por su parte, el presidente López Obrador confirmó que hay dos elementos de la Secretaría de Marina desaparecidos. “Estaban trabajando en Acapulco. Vinieron aquí (a la Ciudad de México). No estaban, tengo entendido, como vigilantes permanente del senador (José) Narro, sino que lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México”, explicó.
“Está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República”, añadió.
También dijo que se está por dar a conocer el dictamen de las causas del desplome ocurrido en julio de un helicóptero de la Secretaría de Marina en el que viajaban 14 marinos que apoyaron la detención de Caro Quintero.
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“Se descarta una agresión, de acuerdo a los primeros dictámenes”, adelantó López Obrador.
Mejía Berdeja añadió que el gobierno también colabora con la FGR para que se hagan efectivas las órdenes de detención de Arnulfo “G”. y Luis “G”, dos de los propietarios de la mina “El Pinabete”, de Sabinas, Coahuila, donde diez mineros quedaron atrapados en agosto. “Se está en coordinación con la FGR para aportar mayores elementos que permitan la detención de estos sujetos y, como lo instruyó el Presidente de la República, ir en este caso hasta las últimas consecuencias”.
Recordó que ya fue detenido Cristian Elior Solís, otro de los presuntos responsables de la explotación minera ilegal.
Por Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia / La Jornada
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