De buenas intenciones – lajornada-hidalgo-prod

Andrés Manuel López Obrador anunció que el 5 de febrero va a mandar un conjunto de iniciativas para reformar la Constitución. Hoy vamos a platicar sobre dos de esas reformas anunciadas, no se conoce todavía el detalle pero con lo que se conoce podemos decir que ambas son una mala idea.

Una de esas reformas afecta al Salario Mínimo, lo que quiere el presidente es que el Salario Mínimo nunca suba menos que la inflación, esto parece una buena idea pero no lo es. Primero hay que recordar por qué el Salario Mínimo ahora puede subir de manera importante. Hasta antes del 2016 el Salario Mínimo se tomaba como referencia para el aumento de varias cosas, desde créditos hipotecarios hasta multas de tránsito, esto creaba un problema cuando se proponía aumentar el Salario Mínimo ya que ese aumento se iba a ver reflejado en el aumento de muchas otras cosas y eso iba a generar presiones inflacionarias.

Después del 2016 la cosa cambió, al desindexar el Salario Mínimo éste pudo crecer de manera importante sin poner en riesgo el poder adquisitivo de las personas. Hoy podemos ver que una de las decisiones gubernamentales más aplaudidas son los incrementos al Salario Mínimo, incrementos que han servido para que las personas puedan vivir mejor sin, parece, mayores efectos negativos en la inflación y el empleo. Y digo “parece” porque los estudios que han salido a la luz sobre el tema todavía son pocos.

Pues bien, con la reforma que se quiere hacer daríamos un paso atrás porque el Salario Mínimo estaría atado a la inflación, cuando la inflación es baja puede no pasar mucho pero en momentos malos puede generar un círculo vicioso, inflación alta, Salario Mínimo más alto, inflación todavía más alta. Con la medida se le pondría un piso a la inflación y esto le dificultaría el trabajo a Banco de México. Además hay otro problema, otra vez, mientras las cosas van bien no pasa mucho pero si tuviéramos, por ejemplo, una recesión, al no poder mover los salarios reales hacia abajo todo el ajuste se haría sobre el empleo y el crecimiento, agravando la recesión.

La otra reforma es al sistema de pensiones, lo que se busca es que el trabajador al jubilarse reciba una pensión del 100% de su último salario. Esto no se puede, bueno, esto no se puede sin poner en riesgo a las finanzas públicas. Prácticamente en ningún país del mundo un trabajador se jubila con el 100% de su último salario, el promedio de la OCDE es del 50% y una pensión deseable tendría una tasa de reemplazo del 70%. Si se quisiera que la tasa de reemplazo fuese del 100% sin que el trabajador aporte más dinero, no habría otra más que cobrarle más a las empresas y usar dinero público. Recordemos que el dinero público tiene un costo de oportunidad, ese dinero que se usaría para pensiones no se podría usar en infraestructura, en educación o en salud, por ejemplo. Especialmente los jóvenes deberían de oponerse a esta idea porque de concretarse se estaría poniendo en riesgo su futuro.

Otro problema con usar dinero público para pensiones es que no parece muy justo que la mitad de los mexicanos que nunca van a poder acceder a una pensión por pasar la mayoría de su vida laboral en la informalidad o en el emprendimiento tenga que poner de su bolsa dinero para que la otra mitad obtenga una pensión mayor sin haber aportado más. No parece muy ético que unos paguen la fiesta de otros, más si nunca serán invitados a la fiesta.

A veces olvidamos que la primera responsabilidad de ahorrar para nuestro retiro no es del gobierno, de la empresa donde trabajamos o de los otros ciudadanos, los primeros responsables de ahorrar para nuestro retiro somos nosotros mismos. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.