El daño a Seguridad Alimentaria (Segalmex) ascendería a 9 mil 500 millones de pesos, que es la cifra observada en diferentes ejercicios de auditoría, informó esta mañana el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino.
Detalló que tanto la dependencia a su cargo como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han realizado actos de fiscalización en la operación de Segalmex entre 2019 –año que surgió— y al cierre de 2021 donde se observaron posibles irregularidades con montos por 6 mil millones, por la SFP, y de 3 mil 465 millones, por la ASF.
Con lo que la cifra detectada por ambas instancias ascendería a 9 mil 500 millones tanto en Segalmex, Liconsa y Diconsa, dijo al dar un avance en las indagatorias durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
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El funcionario aclaró: “Cuando se habla en fiscalización de montos observados debe entenderse lo que no está observado en el expediente, y ésto no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones, por eso todos estos montos se encuentran en proceso de aclaración, y en su caso de recuperación”.
La Jornada ha documentado las posibles irregularidades en esta instancia y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace unas semanas que el secretario de la Función Pública daría un informe sobre estas denuncias, lo que se dio este jueves en la mañanera.
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Salcedo Aquino refirió que ya hay 38 denuncias por estas presuntas irregularidades y posibles daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Lincos, presentadas por diversas dependencias, las cuales están en etapa de investigación con miras a su judicialización.
El delito en general que se indaga es uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que las carpetas de investigación se integran bajo la óptica de delincuencia organizada, agregó el titular de la SFP.
Indicó que hay un servidor público vinculado a proceso –sin dar su nombre por cuestiones de debido proceso— por invertir en instrumentos financieros de alto riesgo 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex, acción que se realizó sin respetar la normativa vigente, aunque ess recursos ya fueron recuperados en su totalidad y están en proceso de reintegración.
Aunado a ello, añadió, la SFP tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 vinculadas con las denuncias ya presentadas por el caso Segalmex.
Por Emir Olivares y Alonso Urrutia / La Jornada
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