El procurador de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, compareció en el Congreso donde destacó logros en avance de averiguaciones previas resueltas del anterior sistema, rescate de 23 personas con vida por secuestros, cumplimiento del 73 por ciento de ordenes de aprehensión, y 51 por ciento de recuperación de vehículos robados.
En su informe, Habib Nicolás destacó que a través de la Policía Investigadora y en cumplimiento al mandamiento del Ministerio Público se atendieron 4 mil 576 medidas de protección a víctimas, de un total de 4 mil 851, lo que representa el 94 por ciento de efectividad.
Expuso que se creó el Observatorio Ciudadano para la Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, el cual cumple con la finalidad de evaluar las acciones y las políticas en materia de procuración de justicia en favor de las mujeres y está conformado por organizaciones y representantes de la sociedad civil, con quienes se diseñó dos protocolos de actuación que próximamente se darán a conocer.
Habib Nicolás refirió que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción tiene el fin de investigar, perseguir y el ejercer la acción penal en contra de los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares, así como el delito de distracción de recursos públicos.
En este periodo se iniciaron 722 carpetas de investigación por corrupción, de las cuales 264 fueron determinadas en las formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales: ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstención a investigar, no ejercicio de la acción penal, criterio de oportunidad, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, lo que representó el 37 por ciento del total de los casos.
En cuanto al porcentaje de carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público, dijo que se determinaron 10 mil 018 carpetas de investigación que se encontraban en trámite durante el periodo, en las diferentes formas de terminación de la investigación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, como archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, ejercicio de la acción penal y criterios de oportunidad.
Refirió que en cuanto al sistema de justicia penal tradicional, que en este periodo se resolvieron 4 mil 806 averiguaciones previas en la región oriente, 1,625 de la región poniente y 3 mil 579 de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, esto suma 10 mil 010 averiguaciones previas ya concluidas.
Habib Nicolás indicó que el porcentaje de intervenciones periciales realizadas se atendieron el 89 por ciento de las intervenciones periciales solicitadas; se dieron respuesta a 75 mil 580 de las 84 mil 943 solicitudes originadas. Expuso que el rezago de 9 mil 363 solicitudes es resultado de no contar con el personal pericial suficiente, afectando tanto a la debida integración y resolución de las carpeta.
Además, en cuanto a la expedición de constancias de No Antecedentes Penales, se entregaron 27 mil 628, que da certidumbre a quienes las solicitan.
Habib Nicolás destacó que en el porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión es del 73 por ciento, ya que de un total de 1,138 órdenes, se han ejecutado 832 capturas.
En materia de recuperación de autos robados, resaltó que se logró la recuperación de 2 mil 601 vehículos con reporte de robo en Hidalgo y en otras entidades federativas.
“Devolvimos 1,338 a sus legítimos propietarios, que representa el 51 por ciento. Se determinaron 1,371 carpetas de investigación en robo de vehículos, de las cuales 1,291 fueron incompetencias, 54 acuerdos reparatorios y se obtuvieron 26 sentencias condenatorias”.
Señaló que la unidad de recuperación de vehículos respondió a 8 mil 112 consultas de reportes de robo en las diferentes agencias del Ministerio Público adscritas a la 15 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Fiscalía General de la República y de los distintos juzgados civiles en el estado.
En lo referente a la resolución de carpetas de investigación por delitos de violencia a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y feminicidio, el procurador expuso que se iniciaron 1,549 carpetas de investigación, que representan el 54 por ciento de 2 mil 872 que se relacionan con delitos de violencia en contra de estos grupos.
En el periodo que informó se iniciaron 16 carpetas de investigación por feminicidio, de estas, 14 fueron judicializadas obteniéndose nueve autos de vinculación a proceso con persona detenida, están vigentes 5 órdenes de aprehensión y dos casos en integración.
Adicionalmente se judicializaron 8 carpetas más por feminicidio, obteniéndose 6 autos de vinculación con persona detenida y en dos casos se informa encuentra vigente la orden de aprehensión. También se obtuvieron 9 sentencias condenatorias por feminicidio y resaltó que en un hecho histórico para Hidalgo, por primera vez se obtuvo la vinculación a proceso por feminicidio en agravio de una mujer transgénero,
En lo referido a la resolución de carpetas de investigación por delitos de impacto extraordinario e impacto alto, hay un 67 por ciento de avance en la resolución de estos casos, es decir, de 15 mil 672 carpetas se resolvieron 10 mil 534 con base en las formas de determinación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Expuso que se iniciaron 25 carpetas de investigación por el delito de secuestro, 15 fueron judicializadas, 9 en integración y 1 remitida por incompetencia, “se rescataron a 27 víctimas, 23 de ellas con vida. Desarticulamos a 16 bandas dedicadas al secuestro que operaban dentro y fuera del Estado y en este contexto, se detuvieron a 59 personas”.
“De igual manera, se dio cumplimiento a 42 órdenes de aprehensión en Hidalgo y en otras entidades del país por este delito. Logramos la detención en flagrancia de 46 personas dedicadas al secuestro, así como la vinculación a proceso de 55. Obtuvimos 18 sentencias condenatorias y las más significativas fueron las obtenidas por 80 y 130 años de prisión”, aseguró.
Expuso que se realizaron 25 visitas sorpresa para la supervisión y evaluación técnico-jurídica en las agencias del Ministerio Público de Huejutla de Reyes, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Tlaxcoapan, Mixquiahuala, Atotonilco, Tepeji del Río, Tizayuca y Zacualtipán, en las que estudiamos 211 carpetas de investigación, de las cuales se derivaron observaciones y recomendaciones a los agentes del Ministerio Público.
Reconoció que por la pandemia, han perdido la vida 15 compañeros de la PGJEH y se presentaron 657 contagios entre el personal.
En lo que respecta al combate a delitos electorales, a través de las agencias del Ministerio Público, se iniciaron 308 carpetas de investigación y 372 actas circunstanciadas mediante vía telefónica y correo electrónico, para facilitar el acceso a la denuncia durante el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos, “logramos la detención de 39 personas durante el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos 2020”.
Por último, señaló que es un hecho público que el pleno de la anterior legislatura aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo que establece la figura de la Fiscalía General de Justicia como un órgano constitucional autónomo.
El cumplimiento de esta reforma constitucional una vez que la misma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, requerirá un amplio proceso de transformación institucional que permita lograr esa transición de Procuraduría a Fiscalía.
Expuso que el proceso debe considerar que primero que el personal de la Procuraduría está contratado laboralmente por el Gobierno del Estado, de manera que se debe realizar un estudio para resolver la situación de servidores públicos que actualmente laboran en la Procuraduría, considerando que por la naturaleza de las funciones del Ministerio Público no pueden dejar de prestar sus servicios y cumplir con las obligaciones de investigación y persecución del delito.
Por otro lado, señaló que deben prever los costos y necesidades que implica constituirse como persona moral con obligaciones patronales, fiscales y de seguridad social, administración de nómina y todo lo que jurídicamente deriva de la administración del personal.
En segundo lugar, se debe resolver la situación de los bienes muebles e inmuebles, sistemas, entre otros, que son propiedad o están arrendados por el gobierno del Estado y que requiere el Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de las obligaciones constitucionales, junto con los costos y trámites jurídicos que se requieren para regularizar esa situación.
Manifestó que se requiere llevar a cabo la elaboración de diagnósticos, análisis de indicadores, estadísticas y la estimación de recursos financieros, avalúos de inventarios de bienes muebles e inmuebles, análisis de recursos humanos, así como la generación del Plan Estratégico de Transición y Plan de Persecución Penal.
Además, se deberá proponer el presupuesto de los recursos necesarios para implementar los cambios organizacionales y de personal requerido, para asegurar la continuidad de la procuración de justicia.
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