Durante la primera sesión ordinaria de 2026, celebrada este viernes 9 de enero, la regidora Sara Nájera González exhortó al Ayuntamiento a considerar el recurso de amparo ante la decisión del Congreso del Estado de Hidalgo de no aprobar los descuentos por pago anualizado del agua para este municipio, una situación que también ocurrió en demarcaciones vecinas como Tulancingo.
La asambleísta priista fue enfática al señalar que se debe dar una batalla legal para defender la libertad de administración local. “Sí deberíamos de pelear por eso y, si es necesario, meter un amparo o lo que tengamos que hacer, porque el municipio tiene autonomía y no tendrían por qué venir a no autorizarnos; los que autorizan al municipio somos nosotros y no el Congreso”, sostuvo durante su intervención.
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La postura de la regidora surge ante la inconformidad por la eliminación de incentivos fiscales que tradicionalmente benefician a la ciudadanía en el inicio de año.
Nájera González argumentó que el municipio cuenta con un respaldo constitucional que se sitúa como la ley máxima, por lo que el Poder Legislativo no debería interferir en las decisiones sobre qué cobrar o qué conceptos descontar. “Así sea la mayoría del Congreso los que aprueben o no, aquí en el municipio hay una autonomía que nos avala la Constitución”, agregó.
El presidente municipal de Cuautepec de Hinojosa, Jorge Hernández Araus, informó que mantiene una comunicación estrecha con la diputada local del distrito para abordar la falta de incentivos, pero reconoció que, hasta el momento, las gestiones siguen en el mismo sentido, sin que se haya logrado modificar la postura del Congreso respecto a los descuentos en el pago del agua.
El alcalde morenista y ex legislador local recordó que en noviembre pasado el municipio enfrentó un obstáculo similar con los descuentos del “Buen Fin”, los cuales fueron frenados por la auditoría al no estar contemplados dentro de la Ley de Ingresos vigente en ese momento.
Sara Nájera explicó que para evitar que los descuentos sean catalogados como “auditables” u “observables”, estos deben estar integrados correctamente en la planeación financiera, pero la decisión debe residir en el Ayuntamiento y no quedar sujeta exclusivamente al arbitrio del Congreso o de la auditoría.
“Entiendo que hay diferentes criterios que utiliza la auditoría y va a utilizar el Congreso, pero a nosotros nos respalda una ley constitucional”, señaló la regidora, dejando abierta la posibilidad de recurrir a instancias legales si se considera que se está vulnerando la capacidad de decisión del gobierno municipal en perjuicio de la economía de las familias.
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