Las lluvias que golpearon Hidalgo dejaron algo más que daños materiales: abrieron una discusión urgente sobre la protección civil en el estado. Mientras brigadas y maquinaria tratan de restablecer caminos, hay otra tarea pendiente: revisar cómo funcionan las instituciones encargadas de prevenir y responder ante los desastres.
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La protección civil no es un acto de buena voluntad; es una obligación legal. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo señala que la Secretaría de Gobierno debe dirigir y ejecutar las políticas en la materia. Bajo su mando opera la Subsecretaría de Protección Civil, responsable de coordinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación. La idea es simple: tener una cabeza que planifique, no improvisar.
Sin embargo, los desastres recientes exhibieron grietas profundas. Una de ellas está en los atlas de riesgo: herramientas que indican dónde puede ocurrir una tragedia y qué tan grave podría ser. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 57 municipios hidalguenses cuentan con atlas, es decir, el 68 %. Casi uno de cada tres sigue sin este instrumento básico, y de los que sí lo tienen, se desconoce cuántos están actualizados.
El rezago no es menor. La ley obliga a cada municipio a elaborar su atlas en los primeros 150 días de gobierno y actualizarlo cada dos años. En los últimos tres años hubo avances: en 2022 se hicieron dos, en 2023 fueron nueve, y en 2024 se realizaron 26; este año suman 12. Es progreso, pero también evidencia de que durante mucho tiempo el tema no fue prioridad.
El verdadero problema aparece cuando, aun con mapas y planes, las coordinaciones municipales carecen de personal capacitado, equipos de comunicación, vehículos o presupuesto. En muchos casos son oficinas sin estructura real. Y cuando llega la emergencia, la respuesta es improvisada.
El Índice de Gestión de Riesgos de Desastre coloca a Hidalgo con 31.7 puntos, en categoría “incipiente”, por debajo del promedio nacional. Significa que falta capacidad técnica y coordinación entre niveles de gobierno. No es solo un asunto de recursos: es de voluntad institucional.
Cada municipio debe tener una coordinación operativa, con personal certificado y recursos mínimos. El estado puede ofrecer asistencia técnica e incluso cubrir hasta la mitad del costo de un atlas, pero si el municipio no invierte ni prioriza, el sistema se rompe.
¿Qué hacer? Primero, dotar a la Secretaría de Gobierno y a la Subsecretaría de Protección Civil de recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus funciones y supervisar la calidad de los atlas. Segundo, que los municipios asuman la prevención como inversión, no gasto, destinando presupuesto a capacitación, equipamiento y simulacros. Tercero, establecer un sistema obligatorio de profesionalización para el personal encargado. Y cuarto, garantizar transparencia y rendición de cuentas: que la ciudadanía sepa qué se hace, con qué recursos y con qué resultados.
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Las lluvias de octubre deben dejar más que pérdidas: deben dejar aprendizaje. Los desastres no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí se pueden reducir si hay preparación y capacidad institucional. La ley ya dice quién debe hacer qué. Lo que falta es que todos cumplan.
Porque la próxima tormenta no va a esperar.
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