La anulación de la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma en materia electoral “es un claro atentado contra la división de poderes”, sostuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dichas legislaciones por considerar que para su aprobación se incurrió en violaciones al proceso legislativo.
Por medio de un mensaje en redes sociales, el líder nacional morenista expresó que “las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría. Desafortunada hoy la decisión de algunos ministros de la SCJN”.
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Tras la aprobación del proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán que anuló la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social, la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, añadió que los ministros “no discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando fallas en el procedimiento legislativo (haber dispensado trámites al considerarse de ‘obvia y urgente resolución’)”.
Recalcó que los promoventes fueron diputados del “MCPRIAN”, a quienes, dijo: “si no quieren legislar y van a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores”.
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Por separado, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, aseveró que con la resolución de la SCJN “ganó la democracia”. Además, agregó que “Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. Mi reconocimiento a las y los ministros por ser un contrapeso real y defender a México”.
En tanto, por medio de un comunicado, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, celebró la decisión de la SCJN y apuntó que “defender nuestra democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país”.
La Jornada
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