Veintidós integrantes de la LXV Legislatura exhortaron a las 84 presidencias municipales a agilizar sus trabajos y resolver los juicios laborales pendientes para no dejar laudos a las administraciones entrantes.
A través de un acuerdo económico, se invitó a los ayuntamientos a no dejar pendientes económicos, como los laudos, en la presente entrega-recepción. El objetivo es evitar afectar a las administraciones municipales entrantes.
La propuesta fue impulsada por la Primera Comisión Permanente del Trabajo, integrada por los diputados Silvia Sánchez García, Aaron Charrez Paloma, Lisset Marcelino Tovar, Sharon Macotela Cisneros y Alejandro Enciso Arellano.
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La diputada Sánchez García fue la encargada de presentar la propuesta en tribuna, exponiendo los antecedentes de esta problemática y subrayando la importancia de evitar afectaciones en las arcas públicas con el pago de los laudos.
Argumentó que, bajo el principio de que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil, es necesaria la resolución de diferencias en las relaciones laborales a través de diferentes instancias, buscando una sentencia pronta y expedita.
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Especificó que estas sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efecto la notificación. Al vencerse este plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar su ejecución, de acuerdo con el artículo 950 de la ley.
El exhorto establece que, si el juez advierte el riesgo de que la sentencia no se ejecute, deberá tomar medidas como el embargo de cuentas bancarias o inmuebles, y girar oficios a las instituciones competentes. Esto incluiría informar a las dependencias de seguridad social, obligando así a cumplir las resoluciones.
Con este exhorto se evidenció el riesgo de que las gestiones salientes hereden conflictos administrativos, agravando el impacto económico. Por ello, se pidió a las autoridades salientes responsabilizarse de sus respectivas demandas laborales, “ya que la mayoría de ellas resultan condenatorias debido a la mala representación jurídica durante el proceso”, se especificó.
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