Legisladores del Partido del Trabajo presentaron ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con cárcel a los funcionarios públicos que filtren información, imágenes, videos o cualquier otro tipo de evidencia de una víctima o hechos de un crimen, propuesta conocida como Ley Ingrid.
Esta propuesta fue presentada por la pasada legislatura en el mes de marzo, inicialmente por las legisladoras Corina Martínez García y Noemí Zitle Rivas y posteriormente por el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo, aunque con distintas sanciones, sin embargo, no prosperaron.
En esta ocasión, el diputado Jesús Osiris Leines Medécigo expuso la necesidad de incluir en el Código Penal la sanción para el servidor público que de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, distribuya, videograbe, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada del lugar de los hechos o del hallazgo de delitos.
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La pena propuesta es de dos a siete años de prisión, y una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (Umas) y se aumentará en una tercera parte si se trata de hechos que involucran a una mujer, niña o adolescente y constituya una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas.
La Ley tiene origen en la muerte de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años asesinada el pasado 9 de febrero del 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, luego de que las imágenes de su cuerpo sin vida fueran filtradas y difundidas en las redes sociales, y en algunos periódicos.
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La misma iniciativa, conocida como Ley Ingrid fue presentada al pleno el pasado 25 de marzo por el entonces diputado Guerrero Trejo, pero su propuesta planteaba de tres a cinco años de cárcel y multa de 10 a 100 umas.
Aunque anteriormente Corina Martínez y Noemí Zitle plantearon la misma propuesta con una pena de 2 a 6 años y multa de 100 a 500 umas.
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