Comunidades violentan los derechos humanos bajo el disfraz de la tradición

Encarcelamientos en comunidades, justicia por propia mano, multas excesivas por no realizar faenas, son aspectos que se han naturalizado en las comunidades indígenas de Acaxochitlán y otras regiones de Hidalgo.

Uno de los municipios donde se ha acentuado el fenómeno es Acaxochitlán, donde los llamados “usos y costumbres” alcanzan a los migrantes, quienes no solamente tienen que aportar para mantener la economía interna de las localidades, sino que para no perder “su membresía”, deben hacer contribuciones mayores a las fiestas patronales, que han dejado de ser voluntarias.

A decir de los especialistas del derecho, los anteriores ejemplos son una práctica que atenta contra los derechos humanos, donde los usos y costumbres se imponen a la Constitución Mexicana y si el abuso llega a la Procuración de Justicia la impunidad lo disfraza de costumbre cultural.

El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

No obstante, la ley precisa que los pueblos indígenas pueden aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Roberto debe pagar 480 mil pesos para no ser excluido de la comunidad

Hace unas semanas se hizo pública la denuncia de Roberto Martínez Vargas, habitante del barrio 5B en Los Reyes en Acaxochitlán, respecto a que es relegado de la comunidad, por no pagar 480 mil pesos de multa de faenas.

Por no solventar dicho monto, durante tres años, la autoridad vecinal le ha negado el derecho humano al agua potable, y si alguien de su familia fallece no tendrá derecho a una sepultura.

Además de que la iglesia negó el bautizo a uno de sus nietos, a Roberto no le avisan si llega algún tipo de apoyo de gobierno a la comunidad; incluso le han abierto una zanja frente a su domicilio para que no entren autos.

El señor de oficio carpintero y comerciante narró en entrevista con La Jornada Hidalgo que, por no pagar esa cantidad en el año 2020, -que al principio era una multa de 4 mil 800 pesos para él y sus tres hijos- sufre de discriminación.

“Yo siempre he participado, pero en el 2019 me dieron un cargo de diputado mayor, el que le sigue a un mayordomo, para ayudar a las fiestas de nuestra comunidad; (pero) no pude acompañar en ese año a los jefes de barrio o ir a las asambleas”.

“Los acuerdos que hicieron eran, según, limpiar como rezagos que se debían, por ejemplo, si hicieron faenas, unas seis o siete se pagan como en un año en alguna reunión o pasan ellos a cobrar”.

No obstante, Roberto explicó que el 15 de mayo de 2020 fue a pedir que lo esperaran para pagar.

“No me estaba negando, al otro día conseguimos 4 mil 800 pesos, pero ya no me los recibieron, dijeron que eran 480 mil pesos los que teníamos que pagar porque ya estábamos dados de baja, ahora eran 120 mil pesos por cada integrante, de mis tres hijos y yo”

“Desde ese momento comenzó nuestro martirio porque comenzamos a buscar a las autoridades municipales, pero se echaban la bolita diciendo que pagáramos los 480 mil pesos si queríamos ser del pueblo o si no estábamos fuera”, narró.

Ante el abuso de poder y despojo por parte de la representación vecinal, el habitante de los Reyes inició una denuncia ante el Ministerio Público en Tulancingo, de la cual dijo no ve un avance.

En julio de este año, un grupo de habitantes de diferentes comunidades y representantes vecinales se manifestó en la Subprocuraduría de Justicia Región Tulancingo, para exigir que Roberto Martínez Vargas respete los usos y costumbres.

“Lo que quiero es que se haga justicia, no me niego a pagar ni a no respetar los usos y costumbres, pero por encima de eso hay garantías constitucionales”, puntualizó el ciudadano.

También otra de las arbitrariedades que el habitante señala es que en la pandemia no había cobros por faenas o rezagos en la comunidad, acuerdo que los mismos delegados de los barrios firmaron y sellaron.

“Yo no me he negado a pagar lo mío y lo de mis tres hijos, hemos tenido reuniones, pero siguen insistiendo que paguemos 120 mil cada uno. De dónde voy a sacar, es muchísimo dinero”, expresó Roberto.

“Ya me quitaron todos los derechos de la comunidad, para ellos no existimos si queremos hacer algo necesitamos buscar el sello en Acaxochitlán (cabecera). Sin servicio de agua, antes íbamos al río, pero ensuciaban el agua a mis hijas, es un martirio lo que vivimos”.

Nadie puede estar por encima de la ley: abogado

Para Alfredo Cruz León, presidente del Colegio de Abogados de Tulancingo no es que exista un vacío legislativo y se violen los derechos humanos bajo el amparo de usos y costumbres, sino que es una cuestión de aplicación y supremacía de la ley.

El especialista en derecho señaló que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro y tuvo una reforma muy importante, en donde establece una igualdad absoluta para todos los habitantes.

“Inclusive establece que aquellos extranjeros que estén de paso también en México o que ya estén radicando en el país se les aplican los mismos derechos y obligaciones. Nos habla de una igualdad de género, de preferencias sexuales, abarca todos los derechos humanos”.

El abogado destacó que México ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos. “Nosotros no solo aplicamos artículos constitucionales, leyes estatales o leyes federales, aplicamos también los tratados internacionales, que están a la par de la constitución”.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados de Tulancingo mencionó que nadie en el país puede estar por encima de la ley, “ni las comunidades indígenas, nadie absolutamente nadie”.

“Se les ha respetado que los indígenas tienen su manera de elegir a sus presidentes municipales en algunos municipios, y a través de sus usos y costumbres a sus representantes ante el ayuntamiento”.

Cruz León consideró que la autoridad del estado tiene que actuar, porque si bien es cierto que son comunidades que desde tiempos ancestrales tienen sus usos y costumbres y se les ha permitido que las sigan continuando, no se pueden exceder.

“No se le puede cobrar a un habitante por no hacer faena. Creo que ahí hay un exceso de la aplicación de sus usos y costumbres. Tampoco pueden privar de la libertad a una persona (cárcel comunitaria), no pueden hacer eso”.

Usos y costumbres debe ser la lengua, la vestimenta, no el abuso: bordadora

“Los usos y costumbres deben ser preservar la lengua, la vestimenta, las fiestas, es eso, que lo divulgaran de esa forma, tocante a la cultura, no de aprovecharse del pueblo y el abuso de autoridad”.

Lo anterior lo externó Estela Vargas Vargas, originaria de la comunidad de Santa Ana Tzacuala en Acaxochitlán, quien en agosto de 2021 fue encarcelada en la delegación por parte de autoridades vecinales por defender a una adulta mayor del despojo de un terreno.

“En derechos humanos creo que se pusieron de acuerdo porque al final ya no me resolvieron nada. Yo les preguntaba y me decían que estaban estudiando mi caso. De todas maneras, ya sabemos que los usos y costumbres son abuso de autoridad en las comunidades”.

“Solo me tomó el pelo el licenciado de derechos humanos”, agregó la mujer náhuatl, a un año de que presentó una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la detención ilegal.

La bordadora de telar de cintura cuestiona “¿A quién hay que recurrir, ¿quién nos a escuchar para que nos hagan caso?, porque ya la verdad es un abuso de autoridad. Ya no tenemos salvación, hay gente que tiene dinero y otros que con mucho trabajo se mantienen”.

“Las autoridades dicen que son usos y costumbres y que no pueden meter mano ahí, se lavan las manos con eso. El presidente municipal no puede meterse porque mandan llamar a la gente y lo pueden linchar”, sostuvo la mujer.

Estela explicó que, en su comunidad, las multas también se aplican por no hacer faena, la cantidad de 200 pesos.

“Lo de las multas sí existe, ahorita como no se pagó a tiempo para el panteón, tenemos que pagar una multa de 5 mil pesos, las mujeres deben pagar 6 mil y los hombres 7 mil”, refirió.

“Compraron un terreno para panteón hasta las orillas del monte y que según costó 5 millones, la cooperación era de mil pesos las mujeres y 2 mil los hombres, pero llegó la fecha límite y empezaron a cobrar multa”.

“El agua potable nos cobran 100 pesos mensuales. Si se descompone la bomba tenemos que dar 200 pesos por persona y son 1300 tomas de agua”, agregó la indígena, quien destacó que además en dichas contribuciones no existe una rendición de cuentas.

“Si piden cooperación y no tenemos dinero hay que responder, aunque sea una violación a los derechos humanos, los que están a favor de estos usos y costumbres son los abusivos”.

Estela también destacó que, aunque las comunidades indígenas realizan votación para elegir a las autoridades vecinales, no dan oportunidad de que las mujeres encabecen una delegación, “siempre son delegados”, expresó la indígena.

Diputada federal pide legislar sobre violaciones en usos y costumbres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, la representante del Grupo Parlamentario del PRI, Sayonara Vargas, pidió la semana pasada a los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos legislar con más seriedad y sentencias más duras para que no se siga permitiendo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas la violación de los derechos humanos, en especial de las mujeres y niñas de las comunidades.

La diputada federal por el Distrito I, con cabecera en Huejutla de Reyes, dijo que en México hay un grupo de pueblos indígenas discriminados por su color, lengua y vestimenta, y que las mujeres hoy por hoy, triplemente son discriminadas en comunidades.

“Se tienen cifras en entidades como Oaxaca y Guerrero, que las mujeres y niñas entre 12 y 19 años son utilizadas para arreglar matrimonios, o las ponen en venta, y esto creo que no puede ser una acción que podamos todavía estar permitiendo por muchos años más”, recalcó.

La legisladora dijo que, cuando a una niña la ponen en venta, se están violando sus derechos humanos a la vida, a la salud, a la educación, derechos básicos e importantes en un ser humano.

Mencionó que en el país hay 23.2 millones de personas de 3 años en adelante que se autodenominan indígenas, y cuestionó cuántas de ellas (mujeres) en este momento están siendo maltratadas, golpeadas o psicológicamente dañadas.