El secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, aseveró que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) falló en su función de deber de cuidado y combate a la corrupción, toda vez que ninguno de los cinco integrantes son ciudadanos, pues ejercían o ejercieron algún cargo en la administración pública, ligados a áreas de fiscalización.
Al concluir su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario estatal aseveró que los integrantes del comité percibían una remuneración económica de 4 mil pesos, pero no realizaban ninguna labor, “no ayudaron a combatir la corrupción en nada; cuando se hizo pública la Estafa -siniestra debieron manifestarse, pero guardaron silencio”.
En ese sentido, se optó por reducir su dieta a mil pesos como base para que, dependiendo del desempeño de sus funciones, se fuera aumentando conforme a los resultados que entregaran, pero esto provocó la inconformidad de un integrante.
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“Se acaba de mandar una solicitud a Coparmex para que se nombre un nuevo comité ahora sí con perfiles ciudadanos, que emanen de las cámaras empresariales y aseguren que viene a combatir la corrupción sin necesidad de un salario, que hagan señalamientos”, precisó Bardales Ramírez, pues consideró que otorgar una remuneración a quienes combaten la corrupción los corrompe e impide que realicen efectivamente su trabajo.
En ese sentido, dijo que el comité de selección está bien conformado, pero la selección del comité ciudadano debe estar basado en propuestas que emitan los empresarios, la sociedad civil, con requisito indispensable que no hayan prestado sus servicios en el sector público, “porque de otra manera no avanzamos; si analizan los perfiles de los integrantes del comité de participación ciudadanía venían de la misma institución y cobraban dos veces y cobraban en varios lados”.
Avanza investigación de actas de entrega-recepción
Por otra parte, durante su comparecencia el auditor afirmó que las 10 mil 600 actas de entrega recepción recibidas, se lleva un avance del 33 por ciento en la revisión de obras efectivamente entregadas.
Además, aseguró que 2 mil obras en municipios que se encontraban en ejecución al inicio de la actual administración estatal deben quedar concluido el trámite de acta entrega recepción a más tardar el 31 de diciembre de este año, pues de lo contrario se iniciará un procedimiento de responsabilidad a funcionarios municipales, ya que son igual de responsables que la empresa o contratistas que no concluye.
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“(Las obras) deberían estar en proceso de terminación, vamos a iniciar procesos administrativos con obras no terminadas”, precisó.
Asimismo, aseguró que tanto la federación como el estado revisarán minuciosamente la construcción de la vía Colosio, la cual requirió una inversión de más de mil 800 millones de pesos; el proceso de investigación se realiza a través de las empresas contratistas.
Respecto a los proveedores inhabilitados, dijo que ya suman 80 bajas, pero cada mes hay 10 o 15 que se investigan; del total dados de baja, al menos 10 están vinculados con los desvíos de recursos denunciados (Estafa Siniestra).
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