En ocho centros de reinserción social (Ceresos) de Hidalgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que las personas privadas de la libertad realizan funciones de autoridad; es decir, que dentro de las cárceles existe un autogobierno o cogobierno.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, esta situación se registró en los centros de reclusión de Ixmiquilpan, Jacala, Pachuca varonil, Actopan, Apan, Tenango de Doria, la Huasteca Hidalguense y Molango; en estas dos últimas, en el diagnostico 2022 no se detectaron autogobiernos.
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En tanto, en las penitenciarías de Tula y Pachuca femenil, en el informe anterior la CNDH detectó autogobiernos o cogobiernos, pero en el 2023 ya no fue así.
Por otra parte, el reporte detectó actividades ilícitas y falta de personal de seguridad y custodia en Ixmiquilpan, la Huasteca Hidalguense, Pachuca varonil, Tulancingo, Actopan, Molango y Mixquiahuala, situación que no cambió en un año.
En tanto, derivado de la revisión de cinco puntos que debían cumplir los Ceresos de la entidad, en el diagnóstico de 2023 solo cinco de los 13 resultaron con calificación reprobatoria; estadístico que mejoró en comparación con el año anterior, en donde de 15 centros que se tenían registrados solo uno tuvo una calificación medianamente aprobatoria.
En 2023, el Cereso de Ixmiquilpan tuvo una calificación de 4.77, el de Huichapan 4.79, el de Jacala 3.57, Molango 4.78 y Tenango de Doria 4.45; mientras que el resto obtuvo una puntuación de entre 6 y 7.26.
Para el caso de los reprobados, fallaron en garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y atención a grupos con necesidades específicas; esto, toda vez que se detectaron deficiencias en los servicios de salud, separación entre hombres y mujeres, hacinamiento, deficiencias en la alimentación, escasez o inexistencia de material higiénico.
Asimismo, falta de instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del centro, falta de capacitación al personal penitenciario, deficiente integración del expediente técnico-jurídico, inactividad deportiva, laboral, entre otros.
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Deficiente atención a personas adultas mayores, menores que viven con sus madres reclusas y personas que viven con VIH o Sida.
No obstante, en el diagnóstico de 2022 aún se contemplaron los Ceresos de Tizayuca, Atotonilco el Grande y Zacualtipán, pero debido a que la población penitenciaria era baja, las autoridades determinaron cerrarlas y reubicar a los reclusos en centros penitenciarios cercanos.
A pesar de que contaban con poca población, aun así, obtuvieron calificaciones bajas de 2.95, 2.72 y 3, respectivamente, mientras que el resto entre 3 y 5; solo el Cereso de Pachuca obtuvo 6.01.
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