La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las leyes de ingresos aprobadas en 38 municipios de Hidalgo; esto, ya que consideró que se aprobaron costos excesivos que afectan la transparencia y acceso a la información.
De acuerdo con el documento, los diputados aprobaron que los ayuntamientos cobren entre 49.90 y 275.10 pesos la certificación y expedición de copias; entre 14.80 y 114.70 pesos la expedición de constancias de documentos que obren en los archivos municipales (por foja) y entre 5.50 y 282.60 pesos la copia simple de documento digitalizado.
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La CNDH consideró que “las tarifas no guardan relación directa con los gastos que representa la prestación de tales servicios… las tarifas previstas por la entrega de copias simples y certificadas son irrazonables porque el Congreso local no las justificó en relación con el costo de los materiales utilizados”.
Por otra parte, la comisión detectó que en 24 municipios fueron autorizadas tarifas altas para la entrega de información pública en diversas modalidades: por copia en hoja simple se establecieron cuotas que van de 5 a 43.60 pesos; copia certificada de 25 a 94.70 pesos; disco compacto de 23.40 a 279.10 pesos; en USB de 186.30 a 269.13 pesos.
A consideración del organismo autónomo, la tarifa “se aleja del principio de gratuidad que rige el ejercicio del derecho de acceso a la información… pues únicamente puede recuperarse el costo derivado del material entregado, del envío, en su caso, y el de su certificación”.
De igual manera, se observó que los municipios cobran una tarifa por consumo de energía eléctrica, pero esto no debía contemplarse en la ley de ingresos, ya que depende de la firma de convenio entre el ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer los montos, por lo que el Congreso tomó atribuciones que no le correspondían.
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Congreso aún no es notificado: Velázquez
Ante estas observaciones, el presidente de la junta de Gobierno del Poder Legislativo del estado, Andrés Velázquez Vázquez, refirió que aún no son notificados de dicho proceso emprendido por la CNDH; sin embargo, precisó que está en su derecho de iniciar una acción de inconstitucionalidad por no estar de acuerdo con lo aprobado el año pasado.
“Cuando uno genera una situación de inconstitucionalidad, es porque no está de acuerdo, y están en su derecho. Vamos a analizarlas, a revisar para ver qué medidas o acciones vamos a tomar para efecto de que demos seguimiento a las (leyes de ingresos municipales) que hemos hecho, pero vamos a revisar con detalle”, externó.
MHO
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