A pesar de las manifestaciones de ayer en Pachuca por parte de seguidores de Cipriano C. P., la jueza segunda federal no aceptó resolver ya el amparo /2021 promovido por el exdiputado federal, e informó que tiene hasta el 31 de marzo como plazo para emitir su respuesta.
Así lo anunció la comisión integrada por un abogado, la diputada local Lisset Marcelino y un integrante del Movimiento Patriótico, quienes ingresaron a dialogar con la jueza que tiene el expediente en sus manos, pues además de que la audiencia se aplazó en cuatro ocasiones y que esta se llevó a cabo el 24 de febrero, no se tiene respuesta de si se otorga o se niega.
Vicente Charrez Pedraza, hermano del procesado, a las puertas del Poder Judicial federal, ubicado sobre la Supervía Colosio, indicó que denunciarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los jueces federales llevan siete meses postergando una audiencia (desde agosto de 2021), así como la resolución de esta y, por ende, la juez de control no ha revisado el expediente.
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En entrevista, el también líder en la zona del Valle del Mezquital acotó que se mantendrán en plantón en las inmediaciones de los juzgados para que se dé una resolución, pues su hermano ya lleva dos años encarcelado por el accidente vial en el que se vio involucrado y en el cual un joven murió; este se clasificó como homicidio doloso eventual y no como culposo, con el cual podría seguir su proceso en libertad.
Desde las 10:00 horas de ayer la manifestación de llevó a cabo, pero desde las 12:00 hasta las 17:00 horas las vialidades en las inmediaciones se cerraron, así como las puertas de acceso de los juzgados para evitar entrada y salida de los trabajadores del Poder Judicial federal.
“Un delito que no he cometido”
Ante la vinculación a proceso por el delito de secuestro del exdelegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dos años atrás, Vicente Charrez señaló que ha respondido a su proceso en tiempo y forma y presentó pruebas de que no fue una retención ilegal, simplemente la población pidió al funcionario rendir cuentas de las obras solicitadas.
En entrevista al salir de una audiencia, señaló que presentó pruebas y minutas de los hechos.
“Se me busca juzgar por un delito que no he cometido, de supuesta privación ilegal de la libertad, lo cual no es verdad, pues fue una manifestación de exigencia social, pero la persona a cargo de la SCT no atendió a la gente”, dijo.
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Destacó que está asesorado por un abogado, pues se le busca responsabilizar de un hecho ocurrido dos años atrás en Pachuca y se le integró una investigación. Sin embargo, dijo que exigir obra pública no es un delito, mucho menos la apertura de un proyecto carretero.
Denunció que más allá de un tema jurídico es político, pues dos años después de que se presentó la queja, fue en meses recientes, cuando presentó su interés de contender por la gubernatura, que se le llamó a comparecer.
“Los jueces hacen lo que quieren y representan un poder. La demanda es injusta y qué causalidad que el caso se revivió cuando expresé mi aspiración por contender”.
El caso de Vicente Charrez Pedraza se sigue en Hidalgo, pero en juzgados federales por tratarse de un funcionario público federal a quien se le sacó de su oficina de la SCT, delegación Hidalgo, y se le obligó a caminar por algunos kilómetros en dirección a Ciudad de México.
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