La muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz en los separos de la policía de Progreso de Obregón merece la condena de todos absolutamente. El caso no puede pasar desapercibido y por muy dolorosa que sea debe ser una lección para todas las autoridades.
Aún cuando falta establecer la responsabilidad civil o penal del caso y de que la defensa de los policías involucrados en su deceso han presentado pruebas de cómo fue que la doctora perdió la vida, es un lamentable suceso que no debió ocurrir.
La sociedad hidalguense tiene razón en estar indignada y de exigir justicia. La negligencia con la que operó la autoridad policial, en este caso la municipal delata la falta de profesionalización que existe para manejar un caso tan simple como un accidente de tránsito. Sin restar importancia a la desafortunada muerte de la doctora Bety ¿Qué puede esperar el ciudadano hidalguenses de un asunto más espinoso, complicado o de mayor envergadura?
Las evidencias conocidas y que circularon en las redes sociales sobre el momento en que fue detenida la médico muestran el primer eslabón de la cadena de errores y negligencias que rodean la muerte de la “doctora corazón”.
Como la gran mayoría de las corporaciones policiacas, los agentes de Progreso de Obregón no tienen la capacidad ni el adiestramiento para concretar una detención. La policía que la intenta meter a la patrulla la toma del cuello y con su cuerpo la empuja hacia el interior de la patrulla, por poner un ejemplo.
La más grave de las fallas y es ahí en donde podrían fincarse responsabilidades, es que Bety fue encerrada en una celda que si bien cuenta con circuito cerrado de televisión, no dispone de ningún guardia que vigile a los detenidos o que esté pendiente de la imagen que emite el circuito cerrado.
Los testimonios de los agentes ante el juez que lleva la causa indican que cuando se dieron cuenta que la joven yacía en el piso la llevaron de inmediato a un hospital, lo que revela que en la prisión no hay servicio médico que atienda una emergencia como la que se vivió la semana pasada.
Otro eslabón en la cadena de errores fue la actitud hasta cierto punto mezquina del presidente municipal de Progreso, el morenista Armando Mera, quien antes que lamentar la muerte de Beatriz y ofrecer esclarecer su deceso, denunció una campaña política en contra de su gobierno por parte del gobierno estatal.
Una vez que concluya el juicio, los hidalguenses merecen una explicación a detalle de lo que realmente ocurrió. Más allá del morbo que el tema suscita, debe aclararse por ejemplo, porque el cuerpo de la joven presentó al momento de la necropsia 24 lesiones en el rostro, en los pechos, la zona genital y en las piernas.
La mejor justicia para Bety y su familia es que su muerte no quede impune y que sea un ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir.
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.jornada.com.mx
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