La Secretaría de Educación Pública (SEP), además de ver los contenidos educativos, debe analizar qué estrategias necesitan implementarse en los espacios diferenciados de las escuelas para evitar la violencia escolar, así lo expresó el presidente de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac), Rafael Castelán Martínez.
Lo anterior, fue expuesto luego de los hechos registrados en un plantel del Estado de México, donde una estudiante falleció a consecuencia de los golpes que recibió de su agresora; según medios nacionales, la alumna de 14 años era víctima de bullying e intentó defenderse de su violentadora, pero días después de la pelea perdió la vida a causa de los golpes en la cabeza.
“Este caso les debe preocupar (a las autoridades), como dice el dicho de ‘si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar’, tienen que reunirse, mirar dónde están los vacíos institucionales”, precisó.
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Reconoció que dicha situación es muestra de lo que sucede en muchas escuelas del país, pues, aunque en los últimos grados de primaria se enseña la cultura de la paz o cómo eliminar las violencias, no han surtido efecto, ya que el Estado no entiende que todo es un asunto integral.
En ese sentido, puntualizó que si bien padres, madres de familia, tutores y estudiantes denuncian ese tipo de casos, docentes y directivos solo avisan a sus superiores o tratan de conciliar el tema entre las partes, pero no cuentan con un plan activo más integral para evitar que la problemática avance o derive en tragedia, como sucedió en el estado mexiquense.
No obstante, incitó a las víctimas a denunciar, ya sea con autoridades de primer contacto o de la SEP, aunque también deben crearse estrategias contextualizadas a cada uno de los espacios, ya que no es lo mismo la situación de violencia en la Sierra o la Huasteca, en la ciudad o donde se encuentra el crimen organizado.
“Todas las estrategias deben ser diferenciadas y tener la participación de todas las dependencias. En muchas escuelas de repente no saben qué hacer, creen que solo es denunciar y los directivos suponen que la responsabilidad de la relación de las personas y la paz son de los estudiantes y las familias, pero no es así, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes instaura responsabilidades a todas las personas adultas, principalmente al Estado, y maestros y maestras son operadores del Estado”, puntualizó.
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Por último, Castelán Martínez recordó que en Hidalgo se creó hace más de 10 años un mecanismo para la atención y prevención de la violencia escolar, pero no se ha evaluado, modificado ni invertido capital, por lo que se ha visto disminuido en su implementación y destino de recursos económicos.
“Falta mucho por trabajar, tienen que sentarse a dialogar la Secretaría de Salud, la SEPH, el Sistema Estatal de Protección (Integral de Niñas, Niños y Adolescentes -Sipinna-), las unidades de primer contacto, los DIF y sentarse de manera local, regional o municipal, incluso por cada una de las localidades para empezar a crear estrategias para saber qué hacer, cómo hacerlo y evitar problemáticas más graves”, finalizó.
Por Adela Garmez
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