La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama expuso una serie de datos sobre la percepción ciudadana respecto de la poca confianza que hay en los tribunales y el alto índice de corrupción de estos; las altas remuneraciones y prestaciones salariales de los juzgadoras; el nepotismo existente, y la disparidad de género.
Al encabezar una Asamblea Informativa sobre la Reforma al Poder Judicial en esta capital, a iniciativa del Colectivo F. Ángeles, Batres Guadarrama destacó la importancia de la próxima elección popular de jueces y juezas, y esbozó un panorama de los aspectos que mejorarán una vez que se apliquen los cambios constitucionales.
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Del sentir de los mexicanos hacia el Poder Judicial destacó que 66% percibe que los jueces son corruptos y que 39.1% manifiesta “algo o mucha desconfianza” hacia ellos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, de 2023.
En ese sentido, abundó que el Proyecto de Justicia Mundial ubicó a México en el lugar 116 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho de 2023, evidenciando desempeños críticos en los siguientes rubros: Efectividad de la Investigación Judicial (lugar 140), Corrupción en Tribunales Penales y Autoridades Judiciales (lugar 130) y Retrasos Injustificados en la Resolución de Asuntos Judiciales (lugar 119).
Ante un aforo de más de 150 personas, integrado por abogados, abogados postulantes, integrantes de colegios de abogados e instituciones educativas, la ministra también señaló que el sistema judicial del país ha sido calificado como clasista, sexista y racista: “La justicia en México es cara, elitista, desgastante, en ocasiones humillante, opulenta, inaccesible, insensible y con una fuerte carga de corrupción”.
Ejemplificó que 62.1% de los jueces son hombres, frente al 37.9% de mujeres, y que 85% de las personas indígenas encarceladas no tuvieron acceso a un intérprete durante sus procesos judiciales.
Además, Batres Guadarrama también señaló que 48.6% de los juzgadores tienen familiares trabajando en el Poder Judicial de la Federación y que hasta 65 miembros de una misma familia laboran dentro de éste, de acuerdo con casos de nepotismo documentados por estudios del propio Consejo de la Judicatura Federal de 2022.
Por lo que se refiere al dispendio de recursos económicos, apuntó que el Poder Judicial cuenta con un presupuesto total de 78 mil 326 millones de pesos y que solo la SCJN ocupa más de 5 mil 787 millones de pesos.
Lo cual, dijo, es desproporcionado, pues en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema ejerce el 48.5% del presupuesto de la SCJN, en Alemania representa el 14% y en Canadá y España, apenas 10.6 por ciento.
Al aterrizar esos montos en la realidad mexicana, Batres Guadarrama mostró que los ministros de la SCJN perciben un ingreso anual neto de más de 7 millones 141 mil pesos, al sumar sueldo base, prestaciones, compensaciones, gastos de alimentación, apoyo de comedor, seguros médicos privados, apoyo de anteojos, medicamentos no cubiertos por el seguro, gasolina y teléfono celular, entre otros.
Es decir, el salario mensual de un ministro equivale a 80 salarios mínimos en México. Nuevamente una desproporción al compararlo con Brasil, donde equivale a 31 salarios mínimos; Estados Unidos, a 15 salarios mínimos, y Canadá y Reino Unido, a 9 salarios mínimos.
“Esta reforma busca disminuir los espacios de abuso, de arbitrariedad y el uso indebido de recursos públicos”, acotó.
De ahí la importancia, dijo la ministra, de someter al Poder Judicial a diversos controles: el democrático, a través de elecciones, escrutinio público y comparecencias ante el Congreso de la Unión; el administrativo, enfocado en la rendición de cuentas, transparencia y sanciones por rezagos; el jurisdiccional, con sanciones en caso de corrupción y límites en la interpretación, y el financiero, mediante auditorías, austeridad y regulación de remuneraciones.
Acompañada por el Mtro. Valentín Echavarría Almanza, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y la Mtra. Adriana Ángeles Quezada, secretaria general de Gobierno del municipio de Tizayuca, así como de integrantes del Colectivo F. Ángeles, Batres Guadarrama agradeció la participación del público, al que respondió dudas e inquietudes.
“Donde el pueblo vigila es más difícil que la autoridad falle (…) La virtud más importante (de la reforma es que) la gente tiene cada vez más conciencia de que el poder judicial no es un poder ajeno a nuestros problemas, sino que es un poder público y un poder público que no solamente debe cumplir su función social o nacional, sino que además nos pertenece a las y los mexicanos este poder que ha sido tan ajeno a nuestra realidad inmediata”, concluyó la ministra.
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