La reciente detención y posterior desestimación de los cargos que se le imputaban por autoridades de EUA al general del ejército Salvador Cienfuegos Zepeda, se ha formado en torno al análisis y discusiones poco informadas en la opinión pública. Hay dos hechos que lo confirman: por un lado, el mismo reconocimiento público del gobierno mexicano del desconocimiento de las investigaciones que se desarrollaban desde el país vecino y, por el otro, las “notas diplomáticas” remitidas por la cancillería a EUA protestando sobre el caso.
A raíz de dichos acontecimientos, además hay tres espacios de gran relevancia para la relación bilateral que se han puesto en juego por el mal manejo de las circunstancias por las autoridades de EUA y que, sin duda, representan un reto para el gobierno del presidente López Obrador: en primer lugar, la lucha conjunta contra el narcotráfico y la inseguridad; en segundo lugar, la cooperación internacional en materia de intercambio de información; y finalmente, reabrir la discusión de la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad que históricamente se habían desarrollado por autoridades puramente civiles.
En este sentido, bajo la óptica de dichos retos resulta necesario revisar el rol que durante los últimos casi 15 años han jugado las fuerzas armadas en nuestro país desde un ámbito constitucional, legal, institucional y social, para entender las consecuencias que tenía una decisión como la que tomó el gobierno de EUA. La anterior afirmación, va más allá de defender o asumir una conclusión sobre la inocencia o culpabilidad del general Cienfuegos, pues a la luz de la información pública, se deja sobre la mesa la existencia de una “confianza selectiva” que poco abona a una relación de vecindad, amistad y cooperación a la que en múltiples espacios políticos se apela desde ambos lados de la frontera.
Ahora bien, ante la desestimación de los cargos en EUA, la puesta a disposición del general Cienfuegos frente a las autoridades mexicanas tiene algunas implicaciones que deben ser relevantes para la relación bilateral, el estado de derecho en México y, en general, nuestra vida democrática y social. Un buen ejemplo es la obligación para garantizar la transparencia y acceso a la información que permita una discusión informada del caso en la agenda pública del ciudadano común y corriente, sobre todo por la misma relevancia que en esta administración tienen las fuerzas armadas en el despliegue de distintas políticas públicas.
Por otro lado y posiblemente con mayor repercusión, para el gobierno de México y las instancias de procuración e impartición de justicia, el caso del general Cienfuegos implica un reto estratégico en el mensaje que se da a los ciudadanos y al mundo sobre el estado de derecho -más aún en el marco de la discusión de seguridad y narcotráfico del país-; implica ser escrupulosamente cuidadosos en el seguimiento del debido proceso a la luz de los elementos que aporten las autoridades de EUA a México -calificando su validez- y por supuesto, desde la perspectiva de cuidado de nuestro orden jurídico nacional.
Bajo todas estas circunstancias que hacen evidente un manejo atropellado del caso, es que se antoja, en el ánimo de muchos integrantes de las fuerzas armadas y mexicanos, más allá de la inocencia o culpabilidad, que muchos asuman bajo la prudencia del pensamiento, el darle implícitamente una bienvenida al general Cienfuegos. Hasta el momento la cancillería mexicana ha realizado un trabajo sigiloso y efectivo para activar los mecanismos de protesta y protección consular ante las autoridades de EUA, pero por el bien de nuestro país ojalá impere el estado de derecho por encima del beneplácito de nuestro vecino del norte.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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