La falta de espacios y personal médico adscrito a las presidencias municipales orilla a los ayuntamientos a la contratación de médicos particulares para la realización de certificaciones médicas, situación que acontece en el 33.33 por ciento de los municipios de la entidad (28 municipios); no obstante, en 12 centros las personas detenidas deben absorber el costo.
De acuerdo con el Diagnóstico de áreas de detención municipales 2022, que elaboró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el costo promedio es de 304.17 pesos, pero en el área de retención Metztitlán el pago es más caro, de 600 pesos.
En Tianguistengo se cobra el certificado en 400 pesos; en Atlapexco 350; Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Tezontepec de Aldama y Tlaxcoapan en 300, respectivamente; Progreso de Obregón, Tepeji del Río, Tepetitlán y Zimapán, en 200 pesos cada uno.
Para la atención médica de las personas detenidas, aproximadamente el 64 por ciento (54) de los municipios solicitan el apoyo de otras instituciones públicas dependientes de los Servicios de Salud del Estado o particulares, y 35 por ciento (29) de los restantes atienden médicamente por medio de personal de Protección Civil o médicos adscritos a las presidencias municipales.
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Solo en el caso del municipio de Emiliano Zapata las personas entrevistadas refirieron desconocer quién presta atención médica.
Aunque en las áreas de retención se brinda atención médica por medio de especialistas privados, no es garantía de que se haga una revisión exhaustiva o acertada, tal y como fue en el caso de la doctora Beatriz, quien falleció en galeras de Progreso de Obregón.
En el certificado médico de 9 de junio de 2021, suscrito por Nelly Soledad de la Torre Vargas, quien brindó apoyo al personal de la Corporación Policiaca municipal, se observó que en el documento no se especificó la hora en que realizó la valoración a la víctima, describiendo incluso que la paciente se encontró en estado de ebriedad y que al parecer tomó o fumó alguna sustancia nociva para la salud, pues también, sus pupilas se encontraban midriáticas y muy desorientada.
Además, la galena no estipuló debidamente el cuadro clínico que presentaba la agraviada, y que el mismo correspondía a una intoxicación etílica, la cual no se clasificó de manera adecuada.
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Asimismo, en el certificado médico no se advirtió que hubiera realizado las observaciones correspondientes por el estado en que se encontraba Beatriz, lo cual hubiera permitido determinar el estado de alerta y la obligada vigilancia por los agentes de policía, misma que garantizara los constantes cuidados y la atención médica en tiempo oportuno durante su permanencia en esas instalaciones.
En tanto, un perito en materia de química forense describió que en la muestra analizada se encontró alcohol etílico en una concentración de 194.0915 mg/100 ml, por lo que la médica que la atendió en galeras debió advertir que las consecuencias directas eran el deterioro de las funciones intelectuales y físicas, que requería de manera urgente atención médica y psicológica, incluso en un centro hospitalario.
Por lo anterior, la CDHEH emitió una recomendación en la que instruyó al Órgano Interno de Control de Progreso iniciar una investigación administrativa en contra de la persona servidora pública que autorizó la intervención de la doctora Nelly Soledad de la Torre Vargas, médica particular, quien realizó la certificación médica a la persona detenida.
Lo anterior, debido a que no se encuentra contemplada en la plantilla de personas servidoras públicas del municipio; así como contratar a un profesional de la medicina y de psicología con perfil idóneo para efectuar las acciones necesarias relacionadas con la certificación, estado de salud, atención médica y psicológica de las personas que lleguen en calidad de detenidas al área de detención.
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