La Fiscalía General de la República (FGR) notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que han sido giradas órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división, por su posible participación en el caso Ayotzinapa.
Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, ubicados en Iguala y Teloloapan, Guerrero, de manera respectiva.
La Sedena debe informar si los militares buscados aún pertenecen al Ejército y, de ser así, presentarlos ante las autoridades civiles.
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El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo a los 20 militares.
En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, el jefe militar tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo.
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Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a general de División y ocupó, sucesivamente, los cargos de comandante de la novena Región Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 de noviembre de 2017. Finalmente, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo de 2021.
Otros militares posiblemente involucrados son el coronel José Rodríguez Pérez, comandante en 2014 del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, el mando inmediato superior del soldado Julio César López Patolzin, a quien se ordenó infiltrarse entre los normalistas y que desapareció junto con ellos.
Por Eduardo Murillo / La Jornada
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