La prevalencia en actos de sobornos o tráfico de influencias en Hidalgo creció de 8.2 a 9.9 por ciento en los últimos cinco años.
Lo anterior, pese a que la entidad cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción (SEAH) y que está constituido por sus comités y comisiones perfectamente sustentadas en la ley.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ciudadanía mayor de 18 años que dijo haber participado en actos de corrupción en la entidad creció en un 1.7 por ciento en los últimos seis años.
Aunque se trata de administraciones gubernamentales distintas, la prevalencia del fenómeno persiste, según refiere la medición dada a conocer por el instituto, que, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, detalló que Hidalgo se encuentra en el lugar 22 del país, cuya lista encabeza Durango con 25.4 por ciento, y la Ciudad de México con 20.5.
Los siete estados que sí lograron reducir el indicador son San Luis Potosí, Tlaxcala, Chihuahua, Michoacán, Tabasco, Baja California Sur y Zacatecas.
Hidalgo fue la única entidad en 2018 en donde el 53.6 por ciento de sus municipios reportó tener un plan anticorrupción, pero estos no impactaron en la reducción de la problemática social. Tampoco la existencia desde el 6 de julio de 2017 del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo , el cual ya opera con sus comités de participación, una secretaría técnica y un comité coordinador.
A nivel nacional, y recuperando la experiencia de los ciudadanos en su encuesta, el INEGI detalla que los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública (59.2 por ciento), en las oficinas para gestionar permisos relacionados con la propiedad (25 por ciento) y en los trámites ante el Ministerio Público (24.8 por ciento).
La mayoría de estas instituciones en donde se realizan dichos trámites son responsabilidad del ámbito estatal y del municipal.
¿Cuánto cuesta la corrupción?
El INEGI refiere que en 2019 el monto total por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Acerca del costo que representa el trámite con mayor prevalencia de corrupción en ese mismo año, es decir la derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, fue de 2 mil 244 millones de pesos, lo que significó un gasto promedio de mil 294 pesos por cada víctima.
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