Derivado de las irregularidades encontradas en la revisión de la información y documentación que las entidades fiscalizadas presentaron, dentro de los plazos establecidos, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) promovió acciones ante otras instancias competentes para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.
De acuerdo con el documento sobre el estado que guardan las observaciones realizadas en las cuentas públicas de 2017 a 2021, de la segunda entrega de 2019 se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del municipio de Tlanalapa por un monto de 376 mil 805.08 pesos.
De la primera entrega de 2018, ocurrió lo propio por 1.7 millones de pesos en contra de Santiago de Anaya; no obstante, se inició una investigación por la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) por un millón 283 mil 166.65 y una denuncia ante la SFP por 453 mil 682.34.
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De la segunda entrega de esa anualidad fueron presentadas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de La Misión por no conocer el destino de 798 mil 035.60 pesos y contra Yahualica por 949 mil 775.46
Por otra parte, fueron ingresadas denuncias ante la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el destino de 603 mil 324.17 pesos de Tezontepec de Aldama, pero el órgano fiscalizador federal lo devolvió por lo que la ASEH se encuentra en proceso para enviar el expediente a la SFP.
En tanto, la Dirección General de Auditoría Forense recibió denuncia en contra de Tlahuelilpan por la observación realizada a 159 mil 011.66; asimismo, en San Bartolo Tutotepec se inició una promoción de responsabilidad administrativa ante el OIC municipal por 876 mil 380.76 y una denuncia ante la SFP por 2 millones 844 mil 403.84.
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De acuerdo con la auditoría hidalguense, la SFP no ha informado el estado que guarda esta última; en tanto, se encuentra en proceso de investigación un caso remitido al Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo por la titular del OIC, autoridad investigadora y substanciadora, radicado en la cuarta sala bajo el número 0087/2022 en contra del Sistema DIF de Tlaxcoapan por un monto de 80 mil 117.09 pesos.
Por último, la DGAJ inició investigaciones por 97 mil 021.64 pesos que aún no puede comprar el municipio de Xochiatipan; por 11 millones 288 mil 078.32 y 25 millones 273 mil 470.42 de Pachuca; por 310 mil 148.76 de Tula; entre otras.
Respecto a la tercera entrega de la cuenta pública 2021, presentada el 20 de febrero pasado, la auditoría se encuentra concluyendo el análisis de la información y documentación presentadas con las consideraciones correspondientes.
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