Según la publicación Teorías de la seguridad pública y percepción del delito de Javier Carreón Guillén y Cruz García Lirios, “las diferencias entre autoridades y ciudadanos pueden ser entendidas si se analizan las relaciones entre prevención del delito, combate a la delincuencia, percepción de la acción gubernamental, expectativas de confianza, necesidades de información, objetivación y disposiciones ante políticas públicas.
Prosigue el texto:
“La relación entre el Estado y la ciudadanía puede ser abordada desde el impacto que las políticas públicas tienen sobre la percepción ciudadana en cuanto a la delincuencia, corrupción, negligencia u opacidad de sus autoridades”.
Lo anterior viene al caso debido al baño de sangre que vemos a diario en nuestro país con esa insaciable violencia generada por la delincuencia organizada. La mayor parte de estados del país se encuentran bajo el dominio del cada vez más musculoso brazo delincuencial, e Hidalgo no es la excepción.
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Basta ver algunas de sus regiones donde las balaceras, levantones y ejecuciones son parte del día a día, ante el nostálgico anhelo ciudadano de que “eso no se veía antes”.
El Valle del Mezquital zona del Ixmiquilpan bronco, hoy arde más que nunca y la ola de violencia genera una percepción de inseguridad en gran parte del territorio hidalguense.
Basta ver la nota roja para percatarse que la situación es insostenible y que las autoridades han sido rebasadas.
Pero ojo, no dejemos de lado que fueron los propios pobladores quienes expulsaron del Valle del Mezquital a la entonces Policía Federal, después de aquella violenta protesta de enero de 2017 por el alza a los combustibles que se salió de control y terminó en tragedia: dos muertos y al menos siete unidades policiales incendiadas.
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A cinco años de aquel suceso en que las instalaciones de la Policía Federal quedaron incineradas, a los pobladores les urge el regreso de la fuerza policial, pero las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han logrado este propósito y al parecer tampoco les ha interesado que las instalaciones sean reconstruidas y entregadas a las autoridades para su funcionamiento.
El estado tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos salud, educación y seguridad, y al menos en Hidalgo el tercer punto está fallando severamente.
@AlexGalvezQ
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