El pleno del Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, estableciendo en el Código penal local una pena de 10 a 20 años de prisión y una multa de 100 a 200 días.
De acuerdo con la diputada Erika Rodríguez, Hidalgo es el primer estado con este andamiaje jurídico, dejando un precedente para que en otras entidades se legisle en la materia, ya que en el informe sobre el reclutamiento y utilización de menores edad por el crimen organizado se destacó que más de 400 mil niños fueron utilizados como informantes, halcones, vendedores de drogas, sicarios o cobradores de extorsiones, aprovechándose de su vulnerabilidad frente a la manipulación y el engaño.
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Ante esta situación, la propuesta fue analizada profundamente conforme al marco jurídico para no invadir competencias, por lo que se tomaron en consideración las opiniones técnico-jurídicas del equipo de asesores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso de Hidalgo y de la Dirección General de Estudios Legislativos y Consultoría del Poder Ejecutivo.
“Con la iniciativa dejamos un mensaje claro y contundente… se debe castigar a los agresores de la niñez del estado. Cuando una niña, niño o adolescente son reclutados por grupos armados, se ven afectados sus derechos, están expuestos a la violencia permanente, obligados a presenciar o cometer actos que afectan su desarrollo, sueños, familia”.
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Por su parte, el diputado Juan de Dios Pontigo Loyola expresó que “la grave crisis de derechos humanos y la violencia en el país han tenido consecuencias en la niñez y adolescencia… tal es el caso del reclutamiento de menores por grupos delictivos; este acto ilegal debe ser reconocido y sancionado en pro del interés superior de la niñez”.}
En ese sentido, dijo que se creó el tipo penal denominado reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a efecto de establecer que comete ese delito quien reclute o utilice a ese sector de a población para que participe en la comisión de un delito previsto en el Código penal.
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