En un entorno de natural expectación, en sesión ordinaria del Congreso local, se aprobó ayer la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que cubre hasta 12 semanas de gestación. En consecuencia, se reformó el Código Penal y la Ley de Salud del Estado.
El 12 de diciembre de 2019 los diputados trataron el mismo tema, que entonces no procedió.
En realidad vino a ser la añeja discusión entre dos puntos de vista divergentes, tenazmente debatidos, en que se argumentaba que permitir el aborto era dar un visto bueno legal a la muerte de un ser vivo, además de la respetable consideración de aspectos religiosos.
Hasta antes, la interrupción del embarazo solo se autorizaba por prescripciones médicas, si es que la mujer ponía en peligro su vida al continuar con el proceso reproductivo, o si había sufrido las consecuencias de una agresión a su intimidad, es decir, violación.
Aunque debe admitirse que eran conocidas añejas prácticas de quienes practicaban procedimientos alejados de condiciones sanitarias, en oscuros rincones, que, en lo general, representaban, “experiencias incontables, sustentadas en continuas prácticas, omitiendo intervenciones de profesionales médicos” y, desde luego, sin una atención hospitalaria elemental.
También se aludían a atentados agresivos, en que la fuerza y la intimidación sometían a mujeres de diversas edades y condiciones sociales, que, ciertamente, no se denunciaban.
Muchas de las afectadas llegaron a mencionar que preferían guardar para ellas, en una íntima reprobación espiritual, las consecuencias de estas acciones en su contra tan reprobables.
Además, argumentaban, en aras de un pudor comprensible, en que la asistencia ante un Ministerio Público llevaba necesariamente a la intervención de legista, que se incluía en el marco legal que por ley se iniciaba.
Algunas afectadas, en el íntimo dolor de su entendible secrecía, recurrieron a otras entidades, como la Ciudad de México, en donde la práctica del ILE estaba aprobada.
Aristas pues, de un asunto, que ayer los legisladores cubrieron de entorno legal, aunque por su naturaleza, en su origen, continuará por mucho tiempo adelante, sujeto a diversidad de opiniones encontradas.
Baches en esplendor
Los baches, de distintas formas y, sobre todo, profundidades, son imprescindibles en el paisaje de Pachuca. Las administraciones municipales, en consonancia con el crecimiento habitacional, han quedado rezagadas económicamente para acometer una repavimentación integral.
En muchas ocasiones, en charlas abiertas, los alcaldes reconocían la necesidad de resolver el problema, pero la conclusión, epílogo de análisis financiero, era que las finanzas no alcanzaban para establecer un programa de renovación urbana en este capítulo.
Se emprendieron acciones, se infiere que basadas en una buena intención, pero sin concretarlas ante un universo creciente de apariciones de hoyancos en colonias y barrios de la Bella Airosa.
Sergio Baños Rubio, ahora al frente del ayuntamiento, no esquivó el problema, pese a que en principio, incluso desde su campaña electoral, pareció estar en la disposición de enfrentarlo y resolverlo.
Hoy, los números no se lo permiten.
Son 10 mil las calles que necesitan ser bacheadas y se dispone de 9 millones de pesos, que solo alcanzan para 500.
En época de lluvias, como la actual que ha sido copiosa y persistente, el agua cubre los baches y los conductores, sean de automóviles y hasta motocicletas, enfrentan el riesgo no únicamente de quedar varados sino de sufrir accidentes al perder el control de sus unidades.
Interpelado, Baños Rubio no evadió el tema, dijo que buscaría apoyos, aunque dejó traslucir que resolverlo integralmente sin un apoyo presupuestal sería, tal vez, una utopía.
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