Las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir y Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) realizan un estudio sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la entidad hidalguense.
Lo anterior, a casi dos años (30 de junio de 2021) de que el Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa a favor de la ILE hasta las 12 semanas, y el 6 de julio de ese mismo año se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POEH) las modificaciones y adiciones a la Ley de Salud.
“Se trata de una evaluación de la implementación de la despenalización del aborto. Lo que estamos haciendo es invitar a mujeres y personas con capacidad de gestar que se hayan practicado un aborto para contestar el cuestionario”, señaló Rafael Castelán, director de Seiinac.
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Dicho cuestionario es anónimo y se encuentra en el enlace t.ly/RnJL para conocer experiencias y apreciaciones de los servicios de salud.
Explicó que servirá para elaborar propuestas de mejora a las instituciones de salud, las cuales deben garantizar un aborto seguro.
“Los resultados se presentarán a finales de junio, nosotros tenemos un diálogo con la Secretaría de Salud y van a estar presentes todos los datos y miradas, tanto de las personas que acuden a recibir orientación sobre derechos sexuales y reproductores como aquellas que acceden a un aborto y la visión del personal de salud.
“Creemos que va a ser una evaluación un poco más integral y que esperemos esto abone para que mejoren los servicios de salud”, agregó el activista y defensor de derechos humanos.
En otras acciones por parte de la sociedad civil organizada, cabe recordar que hace casi un mes la asociación civil Di Ramona, ILE Hidalgo y Abortistas MX convocaron a una colecta de firmas y recepción de documentos para un amparo colectivo que exija se pueda realizar un aborto en IMSS e ISSSTE en Hidalgo.
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Ambas instituciones de salud niegan el servicio a las derechohabientes en la entidad, bajo el argumento de que son organismos descentralizados del gobierno federal y en el Código Penal Federal el aborto voluntario es considerado un delito.
En la legislación hidalguense quedó establecido que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo, de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.