En sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Andrés Velázquez Vázquez, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en materia de delitos cometidos por personas servidoras públicas en la procuración y administración de justicia.
De acuerdo con la iniciativa, se propone reformar el artículo 322 para ampliar su alcance y asegurar que se sancione a todos los servidores públicos que, por acción u omisión, afecten la procuración y administración de justicia.
El Código Penal Federal señala en su artículo 225, una redacción que contempla a todos aquellos servidores públicos que pueden atentar en contra de la procuración y administración de justicia, por lo que se considera relevante homologar dicho artículo con el actual artículo 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para que así, no solo se contemplen a aquellos servidores que, por su cargo, estén directamente vinculados como encargados en la procuración o administración de justicia, sino a todos aquellos servidores que, por acción u omisión, afecten estos principios torales en la procuración e impartición de justicia.
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Asimismo, el documento plantea como fundamental eliminar de la descripción del tipo penal el elemento del dolo. Esta reforma contribuirá a establecer una cultura de responsabilidad en el servicio público, donde los servidores públicos entiendan que su actuación tiene un impacto directo en la justicia.
Así, continuó el legislador, al fomentar la rendición de cuentas, se ayudará a restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En ese sentido al ampliar la responsabilidad a todos los servidores públicos, y establecer un estándar probatorio de probabilidad al momento de efectuar una imputación y solicitar una vinculación a proceso, se evita acreditar de manera necesaria y plena el elemento subjetivo del dolo, sujetando esta demostración hasta la etapa de juicio donde se tiene la obligación de acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, cerrando las brechas que permiten la impunidad y establecer un marco más robusto de rendición de cuentas.
Con esta iniciativa, dijo el diputado de Morena, se dará un paso importante hacia un sistema judicial más justo, equitativo y responsable, en beneficio de toda la sociedad.
Otras iniciativas
Por otro lado, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI, detalló la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 349 y se adiciona la fracción V al artículo 349, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el fin de aumentar las penas en materia de maltrato animal o biocidio.
El legislador indicó que la propuesta “tiene como finalidad agregar una figura delictiva que se encuentra establecida en la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y se refiere al biocidio, que es todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad, es decir un crimen contra la vida”.
Además, dijo que la muerte de un animal debe de tener la misma importancia que cualquier vida humana pues también tiene un sistema biológico que les hace sentir miedo dolor y angustia, “pero por ser animales se les quita ese valor y respeto”.
Indicó que es necesario endurecer las penas y multas por las situaciones de maltrato animal y crueldad animal, dos conductas que necesariamente necesitan estar plasmadas en el Código Penal de Hidalgo y así hacer frente a la grave ola de violencia que azota al estado; lo que además traerá consigo que se fortalezca el respeto de los derechos de los animales y se garantice realmente su protección.
El legislador Aldo Meza Hernández, de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, para garantizar el trato digno de animales abandonados, extraviados, ferales o en situación de calle.
El objetivo es garantizar que aquellos animales que sean capturados deambulando en vía pública sin propietario aparente, tengan la posibilidad y el tiempo de ser puestos en adopción, regresar con sus propietarios o prestar servicios de acuerdo con sus características como apoyo para personas en situación de vulnerabilidad y terapia asistida o para funciones de seguridad pública, búsqueda o rescate sin la necesidad de recurrir al sacrificio humanitario.
La diputada Yarabi González Martínez, del mismo grupo legislativo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, en materia de derechos de las personas usuarias de establecimientos especializados en adicciones.
La iniciativa indica que la ley vigente no contempla de manera expresa los derechos que les asiste a las personas usuarias de los centros de atención a adicciones, por lo que se propone reconocer que los tratamientos que reciban las personas usuarias dentro de estos establecimientos, deben ser de forma integral, considerando servicios de detección, prevención, tratamiento y rehabilitación; asimismo, estos centros deben hacer valer el consentimiento voluntario, libre e informado de las personas usuarias para su internamiento.
Además, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el “Proceso de elaboración del pulque”, como patrimonio cultural inmaterial del estado de Hidalgo.
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