Andrés: los derechos de las personas privadas de la libertad

Andrés tenía 33 años, comprometido y con tres hijos, se encontraba cumpliendo una sentencia en el Cereso de Tenango de Doria por el delito de robo de una laptop. Su familia reconoce que él delinquió y que por eso había recibido esa sanción que estaba a dos meses de terminarse.

La madrugada del 12 de julio, junto con otros compañeros fueron trasladados al Cereso de Pachuca. Andrés ya no llegó ahí, terminó en el Hospital General donde falleció. A su familia le avisaron horas después de todos estos hechos. Ellos no tenían conocimiento de que sería trasladado, ni los motivos y tampoco se les explicó lo que sucedió.

Por información de un compañero del penal se enteraron que fue desnudado, atado y violentado físicamente por los custodios. La familia piensa que esos golpes fueron los que le asesinaron.

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La semana pasada su familia se manifestó frente al Cereso de Pachuca, con varios carteles que tenían su foto y la palabra justicia. Ya hay una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y una denuncia ante la Procuraduría.

Perder la libertad ya sea porque se cometió un delito o porque se está ahí acusade de un delito que no se cometió; no es sinónimo de perder la condición de persona. Pero la realidad es otra, el olvido social e institucional hace que las personas que se encuentren ahí dejen de serlo, pisoteando su dignidad y sus derechos.

Los traslados de un penal a otro es un motivo de terror para las personas recluidas y sus familias, ya que es en esos momentos que las y los custodios cometen una serie de violencias físicas, psicológicas y verbales que terminan en varias ocasiones en la muerte. Aunque legalmente estos traslados tendrían que ser informados previamente a las personas privadas de la libertad y sus familiares, esto no ocurre lo que fomenta una política de terror que perpetua la violencia.

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Podemos pensar desde la visera que las personas que delinquen merecen el peor de los castigos. Esa visera esta sostenida del miedo y el coraje que la delincuencia nos produce, pero luego de que estos sentimientos van asentándose ¿realmente seguimos pensando que además de las sanciones que ya cumplen merecen ser tratades de esta forma? ¿Esa tortura está terminando con la delincuencia? ¿El asesinato de Andrés ya cambió a nuestra sociedad?

Yo espero que el asesinato de Andrés, si cambié las cosas un poco que nos obligué a mirar hacia las cárceles, a exigir que, si sean lugares de reinserción, que no haya personas privadas ahí injustamente, que tanto elles como las familias y amigues que les visitan también sean tratades con dignidad y nadie, absolutamente nadie, piense que tiene el suficiente poder para actuar impunemente y decidir quién puede continuar viviendo o no.

A ver si después de esto la diputada Sharon Macotela deja usar su posición política para llamar a hacer justicia por propia mano y se pone a trabajar en lo que le toca.