La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.
Andorra, un minúsculo país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno de Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
Estados Unidos alertó los depósitos en Andorra en 2015
Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de sectores diversos. Y que, según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. Es decir, el defensor de confianza de Enrique Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España.
A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados por la trama se le habrían incautado entre cinco y 150 millones de euros, una cantidad que iba en función de los fondos que tenían depositados en sus respectivas cuentas bancarias en el BPA.
Además, se sospecha que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al BPA precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control, que favorecían tanto el blanqueo de capitales como la evasión de los órganos fiscalizadores de otros países, sobre todo de México, Estados Unidos y España, que son finalmente quienes han respaldado y coordinado la investigación policial.
El diario español El País reveló recientemente un informe confidencial de la policía de Andorra en el que se señala en concreto al abogado de Peña Nieto, Collado, como el hombre clave de la trama de lavado de dinero a gran escala que se intentó perpetrar desde la entidad financiera, valiéndose precisamente de los escasos mecanismos de control y del secreto bancario. Incluso se advierte en el informe que el propio Collado recibió hasta el año 2017 un total de “90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont”.
De hecho, en el informe deslizan la idea de que el propio Collado fungió en realidad como un “testaferro (prestanombres): “una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder”. Incluso se advierte que entre los clientes habituales del abogado de confianza del ex presidente priísta figuran otros personajes con vínculos con el crimen organizado o la corrupción, como el líder sindical Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, o Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
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