De los 85 mil 561 funcionarios públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, 846 fueron omisos en cumplir con la medida, y en su mayoría pertenecen al área educativa, por lo que tienen un máximo de 30 días para justificar el motivo del incumplimiento.
De acuerdo con la Secretaría de la Contraloría estatal, 84 mil 715 servidores públicos cumplieron y durante mayo presentaron en la plataforma Declaranet (federal) y la estatal, la modificación de la declaración patrimonial y se intereses 2021, como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
En tanto, quienes incumplieron tendrán que justificar el motivo, y será el Órgano Interno de Control (OIC) quien realice un exhorto para que los servidores públicos omisos en su mayoría trabajadores de la educación, justifique su falta en un máximo de 30 días posteriores al cierre del sistema.
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Con base en la legislación, la omisión conlleva a sanciones por la comisión de una falta calificada como No Grave; Sin embargo, de acuerdo con el artículo 75 establece que podría ir desde una amonestación, suspensión del empleo o comisión, destitución del cargo, hasta la inhabilitación temporal en un plazo de 3 y hasta un año.
La declaración patrimonial y de intereses se instrumentó en 2015 como una medida para el combate a la corrupción por parte de servidores públicos, en la cual se exponen los bienes que se poseen, así como los ingreso económicos por ese empleo y otros que se lleven a cabo.
En 2015 fueron los funcionarios públicos federales quienes iniciaron y cinco años después la dinámica se aplica en Hidalgo, incluidos los trabajadores de la educación, salud y otras áreas. En este 2021 fue la primera ocasión en que los servidores públicos del Poder Ejecutivo suben su declaración al portal de la Secretaría de la Función Pública, Declaranet.
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