Poco antes de la elección de 2018, en un foro del CIDE para discutir una agenda con sentido federalista útil al gobierno a elegir, representantes de los candidatos escucharon los principales planteamientos surgidos, luego cada uno expuso las propuestas principales de sus representados. En su turno, Germán Martínez Cázares resumió la propuesta de quien ya en ese momento se advertía ganador de la Presidencia de la República para el sexenio que pronto cumplirá la mitad.
Con la seguridad que las encuestas le daban a su candidato, el ahora senador Martínez Cázares puntualizó la propuesta política del contendiente. Precisamente por el tono federalista de la convocatoria que ahí nos tenía, llamó poderosamente la atención un señalamiento de esa intervención relativo a la justicia electoral. No era para menos: la desaparición de los organismos locales, administrativos y jurisdiccionales para migrar sus respectivas facultades a sus similares federales, esto es al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.
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No recuerdo el planteamiento al detalle, estaba fundado en la duplicidad de funciones, ergo su costosa e inútil actividad, fácil de adosar a los organismos que deciden desde el centro. El tono, entre soberbio y arrogante, lo explicaba todo. Y todo era la ignorancia, si no es que el desprecio reiterado, por el basamento constitucional de la república que la hace, además de representativa, democrática y laica, federal. No había lugar a dudas.
Tres años después no ha llegado esa aplanadora. Pero – nunca falta un pero-, la reciente crisis en la Sala Superior del tribunal federal vuelve a colocar en la mesa política una eventual reforma a la justicia electoral en nuestro país, lo cual confirma su fragilidad a pesar de los años. Sea por su propia naturaleza, su relativa juventud respecto de otras materias, el oportunismo en la política, o hasta por la muy mexicana tradición de la reformitis electoral, estamos nuevamente en ese escenario.
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Leo y celebro la opinión del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales Estatales de la República Mexicana (Reforma, 17-X-21). Sensatamente dice el magistrado César Wong: “No somos ni de acá ni de allá” al señalar la ubicación ambivalente en la ingeniería jurisdiccional dada la participación diferenciada de instancias para designar a sus integrantes (federal) y la posterior operación (local), con problemas colaterales que, subraya, generan tensión con los gobiernos estatales en el momento presupuestal.
Recuerda César la intentona en 2014 de desaparecer esos tribunales –obligado recordar la batalla de la ATERM para evitarlo- que solo trasladó de las entidades federativas al Senado el nombramiento de sus integrantes, lo que significó, lo afirmo yo, una severa lesión al pacto federal y un trato, mejor dicho maltrato, a sus treinta y dos partes dejándoles como incapaces de resolver asuntos propios. Fue un retroceso erosionador del federalismo.
Centrado en el problema presupuestario apunta opciones: dejar el diseño actual; incorporación a los tribunales superiores de justicia como sala electoral; añadirse al sistema de salas regionales del tribunal federal como salas locales y, la desaparición.
Su apunte final es relevante: la cercanía de estos órganos jurisdiccionales con el electorado. Por esa premisa conviene integrarlos al Poder Judicial local, con igual jerarquía de tribunales y las peculiaridades propias de cada entidad. La pertenencia al poder responsable de impartir justicia es fortaleza probada.
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