La organización civil Di Ramona, denunció que en los hospitales del IMSS-Bienestar no se garantiza el derecho al acceso al aborto seguro, toda vez que existe desabasto de medicamentos e insumos necesarios para la interrupción legal y voluntaria del embarazo, así como aborto por otras causales.
A través de un comunicado, el colectivo puntualizó que en dichos espacios de salud no se cuenta con medicamentos como misoprostol, mifepristona y otros insumos en unidades de salud públicas del IMSS-Bienestar en Hidalgo.
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“Esta situación vulnera de manera grave el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para niñas, adolescentes y personas con posibilidad de gestar, derecho reconocido por leyes locales desde 2021”, refiere.
En ese sentido, Di Ramona consideró que el ejercicio real y efectivo a un aborto seguro, actualmente se ve comprometido, ya que el Estado incumple con la obligación de garantizar los insumos médicos esenciales para su realización.
“La ausencia o escasez de misoprostol, mifepristona y otros insumos para garantizar estos servicios, no es un fallo administrativo menor, constituye un acto de negligencia, una expresión de violencia institucional y una grave omisión que pone en riesgo la salud, la autonomía y la vida de quienes requieren estos servicios. Esta omisión afecta de manera desproporcionada a poblaciones históricamente excluidas y vulneradas, como niñas, adolescentes, mujeres indígenas, personas privadas de su libertad, en situación de calle, migrantes, en situación de pobreza o con discapacidad”, puntualizó.
Además, agregó que forzar la continuidad de embarazos no deseados por falta de medicamentos y otros insumos, es una violación a los derechos humanos, por lo que hizo un llamado al Estado, para que autoridades de salud federales y estatales garanticen de manera urgente el abasto continuo y suficiente de misoprostol, mifepristona, entre otros insumos, en todas las unidades que brindan servicios de aborto.
Activar los mecanismos ya existentes para su distribución, como el convenio SANAS, entre otros recursos institucionales; detener “la negligencia institucional que profundiza las brechas de desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”.
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Por otra parte, Di Ramona lamentó que instituciones públicas estén solicitando a organizaciones de la sociedad civil la donación de medicamentos o insumos para ofrecer dicho servicio; esto, a pesar de que la provisión es una responsabilidad del Estado.
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