La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un informe especial en el que denuncia que, a más de seis años del trágico incendio ocurrido en Tlahuelilpan, no han tomado medidas para la recuperación del suelo afectado y riesgo de nuevos incidentes por falta de acciones de seguridad.
El organismo denunció que ni el Gobierno Federal, Estatal ni Municipal se han acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo, incumpliendo la obligación del Estado mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental.
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Además, que el incendio, ocurrido el 18 de enero de 2019, provocado por una toma clandestina en un ducto de hidrocarburo de PEMEX, que dejó un saldo de 138 personas fallecidas por quemaduras, incluyendo 13 adolescentes y 10 mujeres, además de 13 lesionados, evidenció las graves fallas en la seguridad y el manejo de hidrocarburos en la región.
La CNDH subraya la necesidad de una capacitación constante para el personal de PEMEX en el manejo de hidrocarburos, así como la actualización de procedimientos y estudios que mejoren la seguridad en las operaciones. Recomienda elabore un programa de remediación en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Gobierno de Hidalgo y el Ayuntamiento de Tlahuelilpan.
“Dado que el transporte de hidrocarburos es una actividad en sí misma peligrosa, existe un riesgo inherente, razón por la cual es imperativo que PEMEX, en el marco de la debida diligencia y como empresa productiva del Estado, adopte medidas adicionales para prevenir daños a las personas y al medio ambiente en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos”.
La investigación del organismo reveló que los ductos en la zona se encuentran en mal estado de mantenimiento y que la tecnología de detección de fugas es obsoleta e incompleta, lo que incrementa el riesgo de nuevos incidentes y daños al medio ambiente y a las comunidades.
En conclusión, la CNDH enfatiza que la falta de acciones concretas para la recuperación del suelo y la seguridad en la zona refleja un incumplimiento por parte del Estado en su deber de proteger a las comunidades y el medio ambiente frente a los riesgos asociados al transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
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