La tarde del jueves 23 de septiembre un grupo de personas cerró la carretera Tula-Jorobas a la altura de la Segunda Sección de El Llano, en Tula, esto con el objetivo de acusar que fueron desalojados por la fuerza de sus viviendas ubicadas en el predio conocido como La Nopalera.
Dicho predio también era conocido como la Colonia de Los Oaxacos pues desde hace varias décadas atrás llegaron a vivir a ese espacio personas provenientes de Oaxaca y otras partes del país, sin embargo, la persona que les vendió no contaba con la propiedad legal del espacio, por lo que la compra-venta no se hizo en términos estrictamente legales.
Este terreno estuvo en conflicto por muchos años con los ejidatarios de San Pedro Alpuyeca hasta que en 2015 el comisariado del ejido antes descrito decidió iniciar un proceso legal para recuperar la posesión del terreno, de ahí se deriva la causa penal 117/ 2015 que tuvo una sentencia a principios de este año con un fallo a favor del ejido de San Pedro.
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La sentencia se emitió durante el primer semestre del año pero no se había podido cumplir porque se necesitaba de la asistencia de la fuerza pública para contener a las personas en caso de que decidieran ponerse violentos y se negaran a desalojar sus viviendas.
De ahí que el jueves por fin se dio cumplimiento al mandato de desalojo y para ello acudieron alrededor de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) para hacer valer el mandato judicial y aunque algunas personas se salieron de sus hogares por voluntad propia, hubo otros que tuvieron que ser desalojados por la fuerza.
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De ahí que los manifestantes acusan que algunos fueron golpeados y que los policías estatales se llevaron a dos de las vecinas y a Joaquín García Cruz en calidad de retenidos y que los trasladaron a Pachuca y no los querían dejar libres, por eso se manifestaron para pedir su liberación.
Sin embargo, otro de los manifestantes, de nombre Israel García señaló que la manifestación también se efectuó para mostrar su descontento porque muchas familias se quedaron sin casa, no tienen donde vivir y tampoco han recibido ningún tipo de apoyo para tener un espacio en donde dormir.
Incluso él y otros de sus compañeros responsabilizaron al alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo del desalojo y la destrucción de sus casas, por lo que exigieron que les diera una solución ahora que se quedaron sin hogar.
Por Joselyn Sánchez
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