Integrantes del Consejo Social pidieron la libertad para tres defensores de derechos humanos encarcelados de manera injusta en el estado de Puebla, entre ellos Basilisa Montaño, licenciada de origen indígena miembro del consejo, a quien junto con sus compañeros se les fincaron cargos falsamente por lo que ahora se encuentran apresados.
Hilda Salazar Antúnez expuso que Basilisa Montaño fue detenida en la Sierra Negra de Puebla el pasado primero de septiembre, quien es integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, junto con otros tres defensores de la sierra negra.
Refirió que Basilisa Montaño Gutiérrez es actual consejera del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, e integrante de la misma junta de gobierno, quien fue capturada con Anastasio González y Eruviel Aguilar Gómez al momento de salir de una mesa de diálogo con representantes del gobierno del estado de Puebla, a la que fueron convocados por las mismas autoridades.
La reunión se había celebrado en las instalaciones del Centro Integral de Servicios en el municipio de Ajalpan, Puebla.
Salazar indicó que el gobierno del estado de Puebla había acordado dos mesas de diálogo, una el 26 y 30 de agosto, las cuales cancelaron con la justificación de no contar con la información necesaria para realizarlas, por lo que la fecha se postergó hasta el primero de septiembre, donde se tratarían problemáticas como: despojo de tierras comunales por parte del alcalde del municipio de Coyomeapan, David Celestino, para la construcción de un complejo turístico de cabañas, que denunciaron se ocupan como casas de seguridad.
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También abordarían avances en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla en relación a las denuncia de amenazas de muerte a 26 defensores del derecho a la tierra comunal, así como el resultado del conflicto electoral por el cargo de presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla.
No obstante, a pesar de contar con la garantía del gobierno del estado de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, de no ser arrestado al salir de la reunión, se ejecutaron los arrestos de los tres líderes indígenas.
“Ellos representan la parte visible de un movimiento de resistencia al despojo y sometimiento, por parte de caciques, pues han dedicado sus esfuerzos, a la libre defensa de los intereses de las comunidades y sus territorios, como parte de la herencia ancestral de sus pueblos”, aseveró.
Señaló que estos hechos se dan en el marco de un ambiente de crispación social derivado de la violación a derechos humanos de comunidades indígenas compuestas por 4 mil familias cuyos integrantes han sido amenazados por grupos caciquiles de la región y de un conflicto electoral ocasionado por irregularidades en el resguardo de las boletas electorales.
Expuso que estos conflictos originaron la toma del ayuntamiento y la comandancia del municipio de Coyomeapan, en el estado de Puebla, así como la retención del personal del INE por algunos días por parte de pobladores de Coyomeapan. Denunció que el Tribunal Electoral no quiso hacerse cargo de las urnas electorales, “las instalaciones tomadas, no fueron vandalizadas, lo que consta en varios videos, todo lo anterior ha sucedido con la complacencia de las autoridades estatales”.
“Es importante destacar que los tres defensores de derechos humanos no han participado en ninguno de estos hechos mencionados. Las acusaciones de portación de armas y atentado contra bienes públicos hacia Basilisa, Anastasio y Eruviel, carecen de fundamento jurídico”, sostuvo.
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Afirmaron que su detención es producto de una acción arbitraria, de injusticia, por ser los tres representantes indígenas los que alzan la voz de los que callan, “exigimos el retiro de los cargos en contra de Basilisa, Anastasio y Eruviel y su inmediata liberación, pues su integridad está en riesgo”, dijo a nombre de las 16 consejeras del consejo consultivo y del consejo social del Instituto Nacional.
La detención se da en el marco de un conflicto social del que dan cuenta medios locales de Tehuacán, Puebla, originado por dos hermanos originarios de la localidad de San José Las Minas, municipio de Santiago Miahuatlán, de apellidos Celestino Rosas, acusados de caciques. Precisamente David Celestino es el actual alcalde de Coyomeapan.
A ambos hermanos se les acusa de llegar a la región a desatar la violencia y la criminalidad para despojar de tierras a los pobladores de la región, primero como priistas, y luego pasar a otros partidos, como el PAN y ahora Morena. Se les señala de fabricar delitos, sobornos y amenazas en contra de pobladores de la región.
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