En el país existen entre 6.7 y 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, muchos de los cuales están en zonas de riesgo, como sucede en el Cerro del Chiquihuite, pues cada año alrededor de 100 mil familias de escasos recursos se ven obligadas a adquirir vivienda en ese tipo de áreas. Lo anterior, debido a que el afán de lucro y la especulación encarecen el suelo en zonas urbanas consolidadas, señaló el director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll.
Como se ha informado en este diario, el pasado viernes ocurrió un deslave en la zona del Chiquihuite que ha dejado hasta el momento dos personas muertas y dos desaparecidas, además de daños materiales en al menos 10 casas y la posibilidad de evacuar otras 136.
En entrevista con La Jornada, el funcionario destacó que si se aprovecharan todos los predios vacíos que existen en las grandes ciudades –conocidos como “suelo vacante”–, se podrían cubrir las necesidades de vivienda de las personas por los siguientes cinco o 10 años.
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Según el especialista, entre 90 y 95 por ciento de dichos asentamientos precarios no son producto de invasiones, como suele pensarse comúnmente, sino de acuerdos de compraventa entre los dueños de los predios –ejidatarios en la mayoría de los casos– y las familias que desean construir sus casas.
Aunque se tiene un número aproximado de los lotes irregulares que existen en la República, todavía no hay estudios para determinar con certeza cuántos de ellos se encuentran en zonas potencialmente riesgosas, admitió Carroll, por lo que el Insus trabaja con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la organización civil Techo para saber la magnitud del fenómeno.
Luego de destacar que desde mediados de los 70 y hasta la fecha el gobierno de México ha regularizado alrededor de 2.5 millones de lotes, el especialista señaló que uno de los principales elementos que facilitan el surgimiento de los asentamientos irregulares es la mala regulación de los mercados de suelo de vivienda en las ciudades, la cual “genera un incremento de forma artificial por la especulación”.
“Al ‘inflar’ el precio del suelo, hacen que se vuelva totalmente excluyente para las familias de bajos ingresos, que no tienen más remedio que buscar asentamientos irregulares”, a lo cual se suma que prácticamente ninguna autoridad municipal trata de generar políticas públicas para controlar este escenario.
Para solucionar dicha problemática, Carroll indicó que es necesario aumentar la recaudación por la vía del predial para incentivar a los dueños de terrenos baldíos a no mantener espacios vacíos por años, esperando sólo un aumento de precio del suelo, además de hacer menos rígida la planeación de vivienda, con el objetivo de que se facilite la construcción de inmuebles nuevos, pero a cambio de establecer reglas claras sobre el uso de dicho espacio.
Fernando Camacho Servín/La Jornada
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