El lunes 7 de septiembre pasado, en Chihuahua, 10 gobernadores, integrantes de la que han llamado Alianza Federalista se pronunciaron en contra de la que llamaron actitud centralista del gobierno de la República.
Al tiempo, anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que desde 2011 agrupa a los mandatarios estatales del país.
En días subsecuentes se manifestaron por un diálogo necesario que permitiera establecer acuerdos con el Gobierno de México, y que se les entregue, suscribieron, aludiendo a participaciones económicas a “las que por derechos nos corresponde a estados y ciudadanía”.
Se dijeron portavoces de sus estados: Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán.
También adelantaron que, de no obtener respuesta a sus demandas, estaban los Pactos Federal y Fiscal.
Hubo, desde luego, respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía dentro del marco de días difíciles tras la desaparición de más de cien fideicomisos.
Calificó de electoral, el que llamó amago de los gobernadores, con la finalidad de que el gobierno no aplique recortes al presupuesto 2021.
Al tiempo se opuso a una reunión expresando que “no hay materia; los está atendiendo el secretario de Hacienda y no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura, pero si tuvieran vocación democrática tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”.
Un día después, AMLO reiteró:
La Federación “no le debe nada” a los gobernadores, al contrario, “si hacemos cuentas, en algunos casos nos deben porque no han pagado impuestos”.
También preguntó.
“¿Cómo les vamos a dar más, si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que dieran pensiones a los adultos mayores”?
Apuntó que rechazaron las entregas de pensiones para menores con discapacidad y becas a estudiantes de familias de escaso recursos, y votaron en contra de la atención médica gratuita y medicamentos gratuitos.
En cuanto al Pacto Fiscal, sostuvo que ellos “no pueden salirse porque se necesita reformar la constitución”.
Insistió que este es un asunto electoral, “es tratar de sacar votos. Si acusan al presidente, piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador”.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), nueve de los estados han recibido recursos -entre y enero y agosto de este año- mayores a lo programado en el presupuesto federal. El único que recibió menos fue Tamaulipas, con una reducción de 65 millones.
El titular de la SHCP, Arturo Herrera, dijo que el modelo de coordinación fiscal vigente entre la Federación y los gobiernos estatales fue aprobado durante la administración de Felipe Calderón.
Quedó empero la posibilidad de establecer el diálogo que solicitan los aliancistas, aunque no se fijó fecha y, muchos menos, en qué condiciones.
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