Luego de la entrada en vigor de la Ley para Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya se han llevado a cabo al menos 30 procedimientos de aborto, e incluso para usuarias procedentes de otras entidades como Veracruz y Guanajuato.
Con una legislación en que entró en vigor el 7 de julio pasado, y que las instituciones de salud pública comenzaron a operar, la activista Adriana Patlán Jiménez informó que la organización que preside conoce de estos casos; y entre estos está el de una persona que con más de 12 semanas se le práctico la interrupción por la causal de violación, pues ley hidalguense si lo previó e incluyó.
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En entrevista, la presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddsser), destacó que los servicios de salud en la entidad cuentan con 16 unidades hospitalarias en las cuales se puede llevar a cabo el procedimiento, pues técnicamente ya estaban listos desde la aprobación de la ILE.
Si bien la publicación de la ILE en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) consideró 60 días para que la Secretaría de Salud estatal integrará su plan de requerimientos administrativos y presupuesto, Adriana Patlán informó que unos días después se dio la despenalización, se reunieron con Alejandro Benítez, secretario de salud estatal, para que se les informara cómo funcionaría el programa en los 16 hospitales que contarían con el servicio.
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“Fuimos testigas de la entrega de los medicamentos que sirven para la práctica de la interrupción”, para nosotros es un trabajo conjunto con las autoridades, pues no esperaron a los 60 días para iniciar, dijo la feminista.
Quien destacó que durante 15 años se ha colaborado con la capacitación a personal de salud, incluso por organizaciones civiles, pues existe interés en que el programa funcione correctamente y se eviten riegos durante el procedimiento.
Una de las aportaciones que el Movimiento Feminista llevó a cabo en la ILE aprobada en Hidalgo fue la inclusión de permitir la interrupción después de las 12 semanas cuando se trató de una violación, pues otras leyes locales no lo consideran a pesar de que a víctima tenga que enfrentar un proceso jurídico que demora tiempo.
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