Profesionalizar al personal, contar con espacios de infraestructura adecuados para la atención de usuarios y el desempeño de actividades, así como tener un mayor número de trabajadores para atender los casos son parte de las observaciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tiene que considerar, señaló la activista Adriana Patlán.
Destacó que, si bien se lograron avances significativos como la integración del Observatorio Ciudadano para la Procuración de Justicia con Perspectiva de Género en Hidalgo, también se tiene que identificar que la entidad es una de las tres que no ha migrado a un esquema de Fiscalía, y es uno de los principales pendientes.
Ante una capacitación del personal en materia de género, que lleva más de 20 años, para la activista es momento de identificar “qué se imparte en estos cursos, quiénes los imparten y qué pasa después con su implementación”.
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Con base en su experiencia, destacó que el tema de la procuración de justicia no solo se trata de quién está al mando, sino también de situaciones como los vicios que mantienen jueces, ministerios públicos y policías de investigación que son renuentes a todos estos cambios que tienen que ver con el tema de los derechos humanos y la perspectiva de género.
Además, describió que se tiene que revisar el tema de la carga de trabajo que los ministerios públicos tienen, pues algunos llevan hasta 500 expedientes.
Tras destacar que uno de los delitos que mayor recurrencia tiene es la violencia contra las mujeres, señaló que se ha solicitado más personal (MP) en el Centro de Justicia para las Mujeres y en Ciudad Mujer para la atención de las usuarias.
Ante la próxima renovación del cargo de procurador tras la renuncia de Raúl Arroyo González, quien desempeñó la función durante los últimos tres años, y con nueve postulantes, insistió en que el hecho de que una persona esté capacitada en materia de derechos humanos permite un buen ejercicio de la función, pero también el contar con espacios dignos para el desempeño de sus funciones, pues en algunas oficinas del MP el hacinamiento es una condición.
Sin embargo, Patlán expresó que no todos los excomisionados de Derechos Humanos realizan sus funciones y sus determinaciones están basadas en estos principios.
“El hecho de haber estado en la CDHEH asegura que las personas juzguen con esta perspectiva”.
En el caso de Raúl Arroyo, dijo, la condición cambió porque fue un funcionario que escuchaba en dónde había áreas de oportunidad y mejora, y atendió las propuestas de activistas y usuarios que son quienes enfrentan el día a día en la procuración de justicia estatal.
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