La lucha por la Cooperativa La Cruz Azul, en los últimos tres años tiene capítulos oscuros donde no es la asamblea la máxima autoridad de esta empresa social si abogados y jueces quienes toman decisiones que ponen en peligro su existencia de un siglo, porque pierde mercado y su administración es inadecuada al tener la llamada disidencia el control de tres plantas y quienes se dicen mayoría de socios cooperativistas la planta matriz de Tula.
El grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez por el fallo de un juez tienen en su poder la administración de las plantas de Lagunas, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, cuando en todo caso la gestión para la que fueron electos en la impugnada asamblea de 2018 concluyó en 2020 y los actos de la asamblea que realizaron el 5 de abril de este año quedaron sin efecto por el fallo de otro juez.
Esto acusan quienes dicen representara la mayoría de socios Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia respectivamente que fueron electos en la asamblea de agosto de 2020 que por cierto no tiene ninguna impugnación y se asegura que existe un gran desfalco por parte de la dupla de Marín y Velázquez que han pagado más de 700 millones a sus abogados.
La pugna por el control de La Cruz Azul, no se remite solo al pleito en los tribunales existen alrededor de 20 órdenes de aprehensión, dos cooperativistas en la cárcel y el extraño homicidio de otro, además de que cancelaron el salario de alrededor de 250 socios y el 5 de abril quisieron incorporar nuevos socios lo que para Sarabia y López es irregular a todas luces.
Para quienes tienen en su poder la planta matriz de Tula de Allende, los dados se cargaron a favor de Marín y Velázquez a quienes llaman disidentes porque el presidente Andrés Manuel López Obrador los recibió y le encargó al subsecretario Alejandro Encinas y al jurídico de Presidencia Julio Scherer los atendieran, por ello piden al mandatario también les de audiencia, para conozca su versión sobre las irregularidades y el piso sea parejo.
Esta historia sin fin incluyen también las gestiones de Marín y Velázquez ante el Congreso local y el gobierno del estado para tomar el control de la planta Tula, lo que no legalmente posible porque existe un amparo que lo impide y aseguran el grupo de Sarabia y López que la operación comercial de la producción es legal con una adecuada y transparente administración de los recursos generados por las ventas. Está historia continuará…
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