Tras siete horas y media de negociación entre pobladores del Valle de Xuchitlán con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, la noche de este martes se informó que el avance es de un 90 por ciento en el pliego de peticiones presentadas y en su mayoría responden a la obra pública solicitada desde el 1 de junio pasado, cuando se dio un enfrentamiento con policías estatales con saldo de un herido, quien dos semanas después falleció.
El 10 por ciento restante del pliego petitorio será abordado el próximo viernes a las 12 horas y refiere a la indemnización por la muerte de Leobardo Hernández, joven que dejó a dos hijos en orfandad y para quienes se solicita pensión vitalicia.
Mientras la mesa de concertación se llevó a cabo en Pachuca, este martes se bloquearon dos carreteras estatales: Progreso – El Tephé, en el tramo Cocineras, y México – Laredo a la altura de Julián Villagrán, y pasadas las ocho de la noche retiraron las piedras y los escombros.
Ismael López González, asesor jurídico del Valle de Xuchitlán y comisionado para la concertación, destacó en entrevista que existe voluntad por parte del gobierno estatal para destrabar las obras inconclusas.
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“Platicamos con el secretario Simón Vargas, la representación de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), de la Secretaría de Salud, de Educación de Hidalgo (SEPH) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en un 90 por ciento están los compromisos”, dijo el comisionado.
Además, expresó que el Movimiento Xuchitlán es exclusivo de la comunidad que se integra por siete manzanas.
“El origen del movimiento es la demanda de obra pública y no está inmerso ningún grupo político ni queremos politizar el tema. Hubo declaraciones de actores políticos, pero queremos deslindarnos”,
aclaró Ismael López en relación al profesor Armando Azpeitia, y del diputado Ricardo Baptista.
Sin embargo, agradecieron el apoyo de todos, pero destacaron que no tienen relación con estos porque su movimiento es auténtico.
Aclaró que, en el tema de reclasificación del delito en contra de un elemento policiaco adscrito a la Policía Estatal, quien disparó un gas lacrimógeno contra Leobardo Hernández, seguirá su curso legal y las víctimas tendrán apoyo jurídico para continuar con el proceso.
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