El Congreso del estado aprobó diferentes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Integral para las Personas con Discapacidad, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, todas del Estado.
En ellas se garantizan temas como la atención de las mujeres que han sido víctimas de violencia, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos que dan atención a dichas mujeres.
Además, se fortalecen las acciones contra la corrupción, y se considera una mejora de gestión pública, mayor accesibilidad a servicios y tramites, así como transparencia e información pública.
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Ley Orgánica de la Administración
Las modificaciones aprobadas a esta ley facultan a la Secretaría de Gobierno del estado, a fin de que la misma, pueda formular, coordinar y vigilar políticas, planes y programas tendientes a unificar de manera integral la atención de las mujeres que han sido víctimas de violencia, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos.
Esto a través de la cooperación conjunta entre los diferentes poderes y los municipios, para que logren evitar la revictimización de la mujer.
También establece el derecho laboral para adultos mayores en las dependencias que conforman la administración pública gubernamental de acuerdo con su condición de salud, capacidades, habilidades y aptitudes, previniendo así la discriminación a este grupo de población.
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Para fortalecer las acciones contra la corrupción, las modificaciones otorgan la atribución a la Contraloría del estado para realizar visitas domiciliarias a los proveedores y de esta manera generar filtros para evitar actos de corrupción mediante el uso de las empresas no reconocidas.
Ley Integral para las Personas con Discapacidad
Las modificaciones aprobadas en estas leyes se enfocan en materia de fortalecimiento a la accesibilidad de personas con discapacidad, es decir que se incluya la incorporación de un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, junto con otras medidas específicas.
Asimismo, se tomarán en cuenta sus preocupaciones y experiencias para la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y programas.
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