Diputados locales de Morena presentaron una iniciativa para que el Poder Judicial del Estado haga públicas las versiones de todas las sentencias emitidas, para dar cumplimiento a las reformas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020.
Los legisladores Humberto Veras Godoy y Salvador Sosa Arroyo refirieron que Hidalgo tiene un atraso de nueve meses para poder armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado a la norma federal que especifica que las autoridades del todo el país está obligadas a hacer públicas todas las sentencias.
Actualmente, la ley establece la obligación de dicha autoridad para poner a disposición de la ciudadanía sólo aquellas sentencias que sean consideradas de interés público, sin embargo, “dada la interpretación de este término, el Poder Judicial no da a conocer la totalidad de sus resoluciones, lo que impide que la totalidad de éstas sean conocidas”.
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Veras Godoy indicó que actualmente sólo 11 estados han armonizado sus respectivas legislaciones, Aguascalientes, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.
De los estados restantes, uno ya aprobó su reforma en su Congreso Local, pero no ha sido publicada; otro más ya aprobó una iniciativa al respecto en comisiones, pero no ha sido votada en el Pleno de su Congreso.
En siete entidades más ya hay iniciativas al respecto en estudio en sus respectivas comisiones legislativas, pero en otros 12 estados no existe un proyecto de iniciativa, como en el caso de Hidalgo.
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Por lo anterior, urgió a la legislatura para analizar y aprobar a la brevedad la iniciativa planteada dado que la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como fecha límite el 8 de agosto de este año para hacer sus adecuaciones, “solicito a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sea tratada a la brevedad para cumplir con este término”. expuso.
Subrayó que el derecho de acceso a la información no recae únicamente en la acción ciudadana de solicitarla ante las instancias correspondientes, sino en la obligación de cada ente público y, para el caso del Poder Judicial, sobre garantizar la máxima publicidad de esta información, para que esté disponible para todas las personas.
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