En Hidalgo, ni la alternancia ni la continuidad de un partido político en el poder ha significado una diferencia en términos de combate a la precariedad en las demarcaciones.
Por ello, la pobreza será uno de los principales desafíos para los alcaldes que resultaron electos el pasado 18 de octubre, así como para las fuerzas políticas y sus plataformas, pues significa una promesa incumplida campaña tras campaña.
En los últimos 10 años, la entidad se ha mantenido entre las más pobres del país, de acuerdo con el informe 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (Coneval).
El único avance en una década fue de 2008 a 2018, pues la población que se encontraba en situación de pobreza o de vulnerabilidad disminuyó 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 89.1 por ciento a 86.5 por ciento.
De acuerdo con dicho informe, Santiago de Anaya fue el municipio que presentó la mayor reducción en su porcentaje de precariedad, con una diferencia de 31.1 por ciento entre 2010 y 2015. En contraste, el de mayor aumento fue Atlapexco, ya que registró un incremento de 8.5 por ciento.
Ambos ayuntamientos han sido de extracción priista en las dos últimas administraciones.
Además revela que en 2010, los municipios con mayor número de personas en pobreza fueron: Pachuca, Tulancingo de Bravo, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tula, en los que se concentraba el 22.4 por ciento de la población en pobreza del estado de Hidalgo.
Huazalingo fue gobernado por el PRD desde 2011; en el caso de Pachuca, en ese mismo año fue electo un gobierno del PRI, mientras que en 2015 ocurrió alternancia al resultar ganadora la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Tellería; en diciembre pasado rindió protesta un alcalde del PRI, Sergio Baños Rubio.
Principales carencias sociales
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una de las seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en el domicilio, acceso a la alimentación, además de que su ingreso está por debajo de la línea de pobreza.
En tanto, un individuo padece situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias de las seis posibles, dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara completo a la adquisición de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Los municipios con mayor porcentaje de población en necesidad extrema han experimentado la alternancia en sus gobiernos. Yahualica, ha sido gobernador en la última década por alcaldes emanados del PRI, PRD y PES; en tanto, en Tepehuacán de Guerrero ha ganado el PRI en las dos últimas décadas.
Xochiatipan ha experimentado con gobiernos del PRI, PAN y PRD; Huehuetla ha pasado por administraciones del partido tricolor, a partir del año 2000 estuvo el PRD, después el Partido Verde y recientemente triunfó un candidato del recién partido Podemos.
Tianguistengo durante 19 años estuvo gobernado por el PRI, hasta 2012 que triunfó la coalición PAN-PRD, para después ceder el mando al Partido Encuentro Social y recientemente rindió protesta Nueva Alianza.
En San Felipe Orizatlán, los últimos 20 años ha gobernado el PRI, únicamente en 2003 y en 2016 triunfó Acción Nacional; La Misión desde 2003 ha sido administrada por el PRD, y en la reciente elección ganó la coalición PAN-PRD.
Coneval ha insistido en plantear estrategias diferenciadas para el combate a la pobreza, pues considera un doble desafío la carencia municipal para la política de desarrollo social en México.
Asimismo, precisa la necesidad de planear para atender los derechos sociales de las personas, una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para evitar esfuerzos aislados que provocan gastos infructuosos en programas carentes de perspectiva que terminan en acciones fragmentadas en el combate a la precariedad y el rezago social.
Es necesario profesionalizar a los políticos
La falta de profesionalización de los munícipes y los integrantes de los cabildos impiden que la pobreza y la inseguridad sean resueltos en las administraciones locales, aseguró Alfredo Alcalá Montaño, presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Sociales de Hidalgo.
Agregó que los partidos no capacitan a sus candidatos y le apuestan a preservar viejas formas de hacer política con sus nuevos cuadros.
“Terminarán dejándose llevar por resolver solo problemas inmediatos y nada relacionado con una visión a largo plazo y en prospectiva”, opinó el especialista.
Consideró que no hay racionalidad en la toma de decisiones de los presidentes municipales, ya que participan en procesos electorales cada año.
Por ejemplo, dijo, en este periodo, del 2020 al 2024, se enfrentarán a una coyuntura de tomar decisiones político-electorales, más que decisiones racionales y con visión a largo plazo.
Los procesos electorales recurrentes forman parte de un ingrediente reflejado en los resultados alcanzados por los municipios en el combate a la ausencia de recursos económicos, en mejorar la educación, salud y la economía, considerados como los indicadores fundamentales para mejorar el desarrollo humano, agregó.
En su perspectiva, existen problemas estructurales y de estado; sin embargo, los ayuntamientos en lugar de ser aliados se convierten en un lastre derivado de la conformación del sistema político mexicano.
“La poca capacidad que han demostrado no nos da un panorama alentador, pues las postulaciones de los alcaldes incluso derivaron de decisiones poco democráticas.
“No tienen legitimidad en sus propios partidos y eso afectará su gobernabilidad y esto será parte de otros cuatro años en Hidalgo en los que no se avizoran logros importantes a nivel municipal”.
Alcalá Montaño consideró que contar con integrantes de la élite política a nivel nacional no se refleja a nivel municipal porque ahí es donde están los verdaderos problemas, si no se resuelven no hay un crecimiento integral.
Sostuvo que la clase política piensa a corto plazo, en los intereses de partido y de grupo.
Expresó que no se trata de contar con políticos que estén permanentemente en procesos electorales, “sino de que quienes ocupen los espacios públicos estén preparados para tomar decisiones”.
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