El Senado de la República aprobó con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la reforma que regula la práctica laboral conocida como outsourcing.
Las modificaciones aprobadas contemplan fuertes sanciones para los patrones que insistan en la subcontratación ilegal y en la simulación en que se incurrió con este esquema en los últimos años.
“Es una reforma de trascendencia histórica, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a los trabajadores y frenar una evasión cercana a los 500 mil millones de pesos”
Aseguró el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el morenista Napoleón Gómez Urrutia.
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Para las empresas privadas, las reformas aprobadas entrarán en vigor el 1 de agosto de este año y en el caso del gobierno federal tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2022.
A partir de esas fechas la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas o outsourcing se permitirán siempre que las empresas contratistas estén registradas en el padrón público a cargo de la Secretaría del Trabajo. Dicho registro será público, estará disponible para su consulta en internet y deberá renovarse cada tres años.
Además, se disponen sanciones más severas para el outsourcing ilegal: se equipara a la defraudación fiscal. La multa para quien incurra en este delito será de 173 mil a cuatro millones de pesos.
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