Para la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.
en su XIV aniversario.
Desde la provincia la Suprema Corte se ve lejana. Excepto en el ambiente de la abogacía, es un ente ajeno, desconocidos para la gran masa su organización y funcionamiento. La mayoría de la población mexicana desconoce sus facultades e integrantes. Si eventualmente se ve por el canal televisivo del Poder Judicial una sesión del Pleno, es poco probable comprender la terminología jurídica del debate.
No es frecuente la presencia de las y los ministros en las ciudades del interior del país salvo actividades oficiales de los órganos adscritos a los circuitos judiciales o alguna de carácter académico. El suyo no es un servicio público de contacto directo con la población, sus funciones no lo requieren, incluso lo evitan hasta crear un halo que lo impide. La severa toga se impone como si de un muro se tratara,
Si nuestra arquitectura constitucional hace de los nombramientos procesos poco publicitados, carentes de ejercicios que permitieran valorar a la ciudadanía las candidaturas propuestas al Senado de la República, lo que después se sabe es por filtraciones o trascendidos.
Los pasillos de la Corte guardan simpatías, acuerdos y desencuentros inaccesibles para la persona común que, por lo mismo, nada se interesa en conocer la forma de pensar de esas once juezas y jueces integrantes del máximo tribunal. Garantistas, progresistas, conservadores, radicales, moderados, poco se sabe de esa élite de la judicatura mexicana, excepto cuando algún medio de comunicación apunta los trazos de sus personalidades y comportamiento profesional.
De ello deviene una inconexión con las y los justiciables, excepto cuando se anuncia la resolución de un asunto relevante para el interés nacional, el propio de alguna entidad federativa o por conflictos de particulares cuya naturaleza atraiga al interés público.
En el Poder Judicial la política no es electoral, se desarrolla principalmente al interior de la judicatura, desde las secretarías de estudio y cuenta, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y, por supuesto en el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Judicatura Federal y su Escuela Judicial. De ahí las añejas prácticas de nepotismo ahora tan combatidas.
Nuestro tribunal constitucional está en el ojo del huracán ante la posibilidad de extenderse el mandato del ministro presidente que de inmediato alcanzó un consenso de inconstitucional con opiniones nacionales, extranjeras, personales e institucionales. Al tiempo provocó suspicacias políticas en torno al titular del Poder Ejecutivo y a cuya eventual aprobación en la Cámara de Diputados ya se le ve destino para resolución de la propia Corte.
No obstante la trascendencia del asunto, el eco es pobre fuera de la gran capital. Está en todas las primeras planas de los diarios nacionales, lo abordan sus columnistas más prestigiados, inunda de comentarios las redes sociales, los analistas se ocupan de ello en los medios electrónicos, pero está ausente del interés y la discusión locales.
Hemos olvidado que la organización constitucional del sistema federal puso la representación de las entidades federativas en la Cámara de Senadores y que en el régimen de pesos y contrapesos le dio la facultad de hacer los nombramientos de integrantes de la Corte de entre las propuestas del presidente, con lo cual confirma ese sentido federalista expresado en su apelativo: de la Nación.
Más que un desgarrarnos las vestiduras, hagamos de la coyuntura invitación a repensar estas fórmulas alejan al país de su diseño original y dividen a la Federación de sus partes, en vez de unirlas y articularlas en torno suyo. Por qué no imaginar otro procedimiento con la participación directa de los estados y la Ciudad de México para la elección de ministras y ministros, por ejemplo con una facultad a las legislaturas locales de presentar candidaturas al cargo, o bien desde los Poderes Judiciales locales donde la veta es abundante.
Calculemos las conveniencias de una Corte conformada con experiencia local en la impartición de justicia y el conocimiento constitucional; la primera, una interpretación certera del país y sus diferencias que mucho serviría para sumarla en una visión de Estado. Por otra lado, la identificación nacional con las instituciones regionales. Lo propuso Ana Laura Magaloni: vincular al escritorio con el territorio.
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