El Concejo Municipal de Atotonilco de Tula resolvió inhabilitar a Marcela Martínez, expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante la administración pasada, lo que le impide ocupar cualquier cargo público durante cinco meses.
Así lo estableció la autoridad municipal el pasado 16 de octubre, luego de recibir un informe de la autoridad investigadora, mediante el cual establece que Martínez, esposa del actual diputado federal morenista, Julio César Ángeles Mendoza, cometió faltas administrativas durante su gestión.
La autoridad también encontró fallas por parte del exdirector del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal.
El acta que dicta la inhabilitación de ambos funcionarios consigna que Martínez Cervantes no se presentó para declarar respecto a las irregularidades detectadas durante su gestión, mientras que Alcántara Carbajal sí lo hizo pero sólo manifestó que se reservaba el derecho a declarar para sostener su defensa “técnica y congruente con las exigencias que se nos están solicitando”.
Sobre la sanción, el acta del Consejo Municipal precisa que Martínez no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante cinco meses, y que tampoco podría participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Para Alcántara Carbajal, la inhabilitación fue por siete meses y tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La autoridad notificó su resolución directamente en el domicilio de Martínez, no obstante, la exfuncionaria no fue localizada, según consta en un acta administrativa.
El exalcalde y hoy diputado federal, Julio César Mendoza, hizo un pronunciamiento el pasado 13 de octubre en la Cámara de Diputados, mediante el cual exhortó a los 84 consejos municipales de Hidalgo “a que saquen las manos del proceso electoral”.
En referencia a la sanción que emitió el Consejo Municipal de Tula, Ángeles Mendoza expresó: “actualmente están utilizando la fuerza pública para ir a notificar y desprestigiar a algunos candidatos”.
Acompañado de compañeros de su bancada, Mendoza subrayó que es necesario preservar la gobernabilidad y la paz social en la entidad y advirtió: “no queremos ser nosotros los que vayamos a sacarlos o a intervenir en su proceso”.
El pasado 13 de octubre miembros del Concejo Municipal de Tula denunciaron en conferencia de prensa un adeudo millonario de la administración pasada. Según los funcionarios, existe un pasivo de 128 millones 190 mil 893 pesos, tan sólo con la Comisión Federal de Electricidad.
También denunciaron falta de documentación comprobatoria de operaciones financieras y gastos no justificados.
En particular, señalaron que en el Sistema DIF de Atotonilco de Tula fue eliminada información de registros contables de sus propios sistemas de cómputo.
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