Para casi nadie es desconocido el papel que jugó en la tradición judeo cristiana el gobernador de la provincia romana de Judea. Aquel prefecto de nombre Poncio Pilato, fue ante quien los judíos habrían llevado a Jesús de Nazaret para pedirle que el gobernante, convertido en la máxima autoridad, dictara una condena ejemplar contra quien decía ser el Rey de los Judíos.
Dudoso de la culpabilidad de aquel carpintero que se había dedicado a predicar amor, Pilato optó por pedir una bandeja de agua y lavarse las manos para, acto seguido declarar: “Inocente soy yo de la sangre de este judió; allá vosotros”. Así, el árbitro que pudo evitar una injusticia se convirtió en un villano que la historia y los creyentes no dejan de juzgar.
La Semana Santa y la Semana de Pascua han concluido en el calendario católico. Si bien por la pandemia en el mundo y en México no hubo prácticamente ninguna escenificación que recordara ese pasaje bíblico, en el País ocurrió un hecho que bien puede emular la actitud de Poncio Pilato.
México y los mexicanos han construido a lo largo de años instituciones que pretenden dar certeza jurídica a los ciudadanos. Si bien es cierto que en la actual administración federal muchas de esas instituciones han sido eliminadas o algunas otras han sido cooptadas o se le han quitado dientes, las que aún se mantienen deberían dar muestra de autonomía o de su razón de ser por la efectividad a la hora de operar.
En esa tesitura se inscribe la más reciente resolución de los siete Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación al Caso Guerrero. Cuando el País entero esperaba una resolución apegada a derecho por parte del Trife, por la naturaleza del expediente e incluso por el morbo político que ha generado la postulación del morenista Félix Salgado Macedonio al gobierno de aquella entidad, los Magistrados optaron por tomar una bandeja y lavarse las manos.
Aunque reconocieron las fallas en las que incurrió el “Toro” de Guerrero, los Magistrados electorales no finiquitaron el caso dictando lo que es su obligación: una sentencia contundente que pusiera fin al conflicto y diera claridad y certeza a la elección guerrerense. Por el contrario, su decisión de regresar el expediente al consejo general del Instituto Nacional Electoral para que sus integrantes vuelvan a revisarlo y dicten un nuevo fallo, lo único que hace es prolongar el conflicto y exacerbar más los ánimos.
Tan dejaron suelto el tema con su decisión los Magistrados, que ayer mismo Félix Salgado y sus seguidores emprendieron una caravana con rumbo a la CDMX para presionar a los consejeros del INE con el fin de que modifiquen su primer resolutivo.
El País lo que menos necesita en seguir alimentando el odio y la división entre sus partes. El Tribunal es el máximo órgano jurisdiccional en donde se resuelven las diferencias que hay en materia electoral y su fallo debe ser inatacable, guste o no, satisfaga o no a los involucrados. El árbitro, con base en pruebas y evidencias dicta sentencia y pone punto final a la discusión. Todos deben acatar. Pero lavarse las manos y dejar los cabos sueltos, a nadie beneficia.
Comentarios: migueles2000@hotmail.com
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