El aspirante de Morena para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y el dirigente del partido, Mario Delgado

Ordena TEPJF al INE revaluar retiro de candidatura a Félix Salgado

Ciudad de Mexico. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó 48 horas al Instituto Nacional Electoral (INE) para que revise de nuevo el expediente del aspirante a gobernador de Guerrero por Morena, Felix Salgado Macedonio, y determine la sanción.

Tras confirmar que Morena y su aspirante transgredieron la ley al no entregar informe de gastos de precampaña, el TEPJF solicitó al INE analizar las circunstancias y ponderar el derecho a ser votado antes de decidir si procede el retiro de la candidatura o aplica otra sanción.

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Asimismo, en cuanto a la candidatura a gobernador de Morena en Michoacán, determinó que se revalore la pena aplicada a la entrega extemporánea del informe de gastos de precampaña de Raúl Morón.

Con matices en la argumentación, los magistrados coincidieron en que hubo infracciones del partido y el candidato, pero también en la necesidad de revisar los alcances de la sanción.

Se avaló el criterio del ponente Reyes Rodríguez que abre la puerta a la restitución de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues, si bien es aplicable esta sanción en la literalidad de la ley, el INE debe analizar las circunstancias específicas y valorar, a partir de los criterios fijados en el proyecto, alcances de la falta.

“La sanción no debe ser tajante, ni automática”,

precisó el magistrado Felipe Fuentes Barrera.

El INE debe “preferir una interpretación que otorgue protección más amplia al derecho humano fundamental al sufragio pasivo”, señala la resolución, la cual también confirma la multa de 6.5 millones de pesos por las irregularidades comprobadas a Morena en Guerrero.

Aunque fue el único que se pronunció en contra, pues confirió la razón a los agravios que argumentaron Morón y Salgado, el magistrado presidente, José Luis Vargas, consideró que “la aplicación de una sanción tan gravosa como la imposibilidad de registrarse a una candidatura o la cancelación de ésta, resulta excesiva y desproporcionada cuando la conducta infractora consiste en la presentación tardía del informe de gastos”.

Con excepción de Vargas, los magistrados coincidieron en que se confirmó la existencia de la precampaña en Guerrero y se incumplió en la entrega del informe de gastos de campaña en los plazos –tres días antes de que se resolviera el proceso sancionador abierto por el INE se hizo llegar el reporte de gastos.

Sin embargo, cinco de ellos avalaron que esto no debe conllevar a la cancelación de la candidatura, por lo que pide “valorar la gravedad de las irregularidades, el momento en que se presentó el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora; la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo; las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción; si hubo intencionalidad; el monto económico o beneficio involucrado, y su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad”.

El magistrado Indalfer Infante se pronunció en favor del proyecto, pero consideró que hubo omisiones del INE que afectaron al partido y al precandidato.

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“Estamos ante dos supuestos: la fiscalización para que haya control sobre el origen de los recursos y el derecho a ser votados. Frente a estos, la Constitución permite una interpretación que analice el caso concreto para determinar la sanción correspondiente”

La resolución se aprobó por cinco votos a dos. Estos últimos por motivos contrapuestos de Vargas y Janine Otálora.

Para el primero se violó el debido proceso en perjuicio de Morena y Salgado. Para Otálora, la gravedad de la falta amerita la sanción establecida en la ley.

En un mensaje en redes sociales, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la autoridad electoral, “no puede volver a retirar las candidaturas de Salgado Macedonio y Morón”. La votación en el TEPJF, dijo, fue por revocar la medida desproporcionada tomada por algunos consejeros del INE, órgano al que exigió “se comporte como un árbitro imparcial y no como un árbitro vendido”.

Por Alonso Urrutia y Georgina Saldierna


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